Directora del CEFIS, invitada a comentar proyecto de Ley de Donaciones en la Cámara de Diputados
Magdalena Aninat participó en la Comisión de Hacienda, donde planteó que la iniciativa “reduce la burocracia para las organizaciones, facilitando la participación”.
13 de agosto de 2021
Actualmente se discute en el Congreso el Proyecto de Ley impulsado por el gobierno que modifica el decreto ley N°3.063, de 1979, sobre rentas municipales y crea un régimen de donaciones con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de lucro.
Magdalena Aninat, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, CEFIS, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue invitada a comentar la iniciativa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde analizó las fortalezas y las necesidades de mejora del proyecto.
La propuesta recoge varias de las ideas presentadas por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el CEFIS y un grupo de 16 centros de estudios, entre los que se encuentran el Centro de Estudios Públicos, Horizontal, Fundación Chile 21, Fundación para el Progreso, Un Camino Posible, Espacio Público, Fundación P!ensa, Instituto Libertad, Idea País, CIEPLAN, Centro Democracia y Comunidad, Instituto Igualdad, Libertad y Desarrollo, Instituto Estudios de la Sociedad y el Instituto Res Pública.
Así, el proyecto amplía los fines a los cuales se pueden acoger las donaciones, permite el registro de las organizaciones sin tener que presentar proyectos, amplían los topes a los montos donados eliminando el impuesto de multa, y fortalece la transparencia y fiscalización para el buen uso del sistema.
En su presentación, la directora del CEFIS destacó que se crea un nuevo régimen que coexiste con los existentes, el que cuenta con tres fortalezas principales, “reduce la burocracia para las organizaciones, facilitando la participación; fomenta a la sociedad civil, con foco en el beneficio público; y amplía la reportabilidad y transparencia a través de la fiscalización del buen uso del sistema”, aseguró en su presentación en el Congreso.
“Si se quiere ampliar la participación y facilitar que no se produzca una concentración, no se pueden poner muchas trabas burocráticas. Es importante considerar la realidad de las organizaciones en regiones, pequeñas, que no tienen grandes equipos para acreditar cada proyecto que realizan”, agregó.
A estas fortalezas Aninat suma que se amplía el espectro de donantes, el principio de buena fe, el procedimiento enfocado en las entidades donatarias que son de beneficio público, -que tiene una amplia lista de fines y la creación de una entidad técnica a cargo del registro de organizaciones y un portal web de acceso público- como espacio para materializar la transparencia del sistema, entre otros aspectos.
Sugerencias para fortalecer el proyecto
En cuanto a lo que se podría fortalecer en este proyecto durante su tramitación, Magdalena Aninat sostuvo que es necesario que en el registro de organizaciones se incluyan mecanismos que resguarden de posibles arbitrariedades por parte del ente público. Y que, en el marco de una modernización del Estado, no se soliciten documentos que el sector público emite y los certificados de donaciones se puedan entregar vía web, entre otros puntos.
A juicio de Aninat, “la Secretaría Técnica es un ente muy importante, pero su composición parece débil, en su funcionamiento muy pequeño y sin participación de la sociedad civil. Además, la agencia pública debiera no solo tener un rol de reporte y de registro, sino que también de promover el sistema. Son pocas las organizaciones que hoy están participando respecto de este global de entidades, que ha crecido enormemente en la última década desde la promulgación de la ley 20.500. Entonces se debe incorporar un énfasis para descentralizar las donaciones y por eso es importante que se haga una promoción, se entregue guías y capacitación a las organizaciones de interés público. Si esta función no está en la ley, la entidad no lo va a poder hacer”.
Finalmente, destacó la importancia de incluir la obligación al Estado de entregar un reporte sobre el funcionamiento del sistema para que las políticas públicas que se adopten sea en base a evidencia.
Revisa aquí la presentación.