La Facultad de Derecho junto a la consultora Peribonio, Del VIllar & Cia. realizaron el seminario “Derecho del Consumidor: Reforma a las facultades del SERNAC”, en el que destacados abogados examinaron las principales instituciones, preceptos y modificaciones de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, abordándola desde distintas perspectivas, especialmente desde el ejercicio profesional, la labor de los jueces de Policía Local y la academia.
Cabe recordar que este estatuto fue aprobado en el Congreso el 24 de octubre de 2017 y, luego de que la Cámara Nacional de Comercio enviara un escrito al Tribunal Constitucional (TC) para tratar de impugnarlo, el organismo colegiado, el pasado 18 de enero, declaró inconstitucionales las facultades sancionadora y normativa que se le atribuían al SERNAC en la nueva regulación. De esta forma, la ley tendrá que ser promulgada con las modificaciones señaladas por el TC.
El inicio del seminario estuvo a cargo del decano de la Facultad, Ramiro Mendoza, quien defendió la intervención del TC en esta materia argumentando que “la modificación legal que llevó a que este conjunto normativo fuera sujeto a una revisión exhaustiva por parte del Tribunal Constitucional, se regía bajo la idea esencial de promover un servicio público con más atribuciones, (…) donde la asimetría de la conmutatividad se pudiera equilibrar con un servicio que tuviera más facultades para la aplicación y la búsqueda de las soluciones más justas en relación al derecho del consumo”.
Posteriormente, el ex director nacional del SERNAC y socio de PDD & Cia., Juan Antonio Peribonio, aseguró que “al final del camino, nos encontramos con una ley que sin duda alguna, a pesar de todos los cortes que hizo el Tribunal Constitucional, es excelente, ya que permite avanzar sustantivamente en la protección de los derechos del consumidor”.
Peribonio consideró acertada la decisión del TC de dictaminar inconstitucionales las facultades sancionadora y normativa del SERNAC, dado que el organismo adoptaría una posición de juez y parte dentro de las causas y, por tanto, no cumpliría con los principios de imparcialidad e independencia requeridos en estos casos.
Luego, el director de asuntos jurídicos de Aguas Andinas, Camilo Larraín, entregó una mirada desde el punto de vista empresarial, especialmente sobre cómo les podrían afectar las sanciones que contempla la regulación. Larraín resaltó que lo más grave de este nuevo escenario es la multiplicidad de multas, es decir, una multa por cada cliente. Por ende, frente a una demanda colectiva se podrían cursar multas de hasta 1.500 UTM por cada consumidor afectado.
Por otra parte, Alejandro Cooper, en su condición de juez de Policía Local, criticó que el Ejecutivo, en medio de la tramitación del proyecto de ley, enviara una indicación al Senado para eliminar el requisito que obligaba a los consumidores a recurrir al patrocinio de un abogado para interponer una demanda en los Juzgados de Policía Local. “Para nosotros es muy difícil tramitar bien los procesos cuando las partes van sin abogados; no saben interrogar a los testigos, ni presentar la absolución de posiciones, ni tampoco presentar y pedir pruebas. En consecuencia, se les ha hecho un flaco favor (a los consumidores afectados)”.
Por último, la profesora del Magíster en Derecho de los Negocios de la UAI, Francisca Barrientos, se refirió al nuevo procedimiento voluntario que contempla la ley para las empresas, definiéndolo como una negociación extrajudicial que tiene por objeto evitar un litigio. Para la abogada, “esta herramienta demuestra la intención de promover una verdadera cultura empresarial comprometida con los derechos de los consumidores”, lo que a su juicio, “siempre es bueno adoptar”.