Isabel Aninat, fue una de las tres ex alumnas chilenas de la Universidad de Columbia (Nueva York) distinguida por el Centro Global de esta institución estadounidense en virtud de “su trayectoria profesional y aporte a la sociedad”. El reconocimento se realizó en el contexto del Día Internacional de la Mujer y es la primera vez que se confiere a mujeres de nuestro país que hayan cursado estudios en esa universidad, con la idea de que este sea el punto de partida de un hito anual.
Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, abogada y LL.M. de la Universidad de Columbia (Harlan Fiske Stone Scholar), Isabel asumió como decana de la Facultad de Derecho UAI en junio de 2020. Anteriormente, se desempeñó como investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP). Tiene una destacada trayectoria en el estudio, investigación y diseño de políticas públicas, áreas donde ha co-editado tres libros y es autora de varios artículos.
Ha trabajado como asesora presidencial en temas de derechos humanos, derecho laboral, minorías étnicas y pueblos índigenas y, en 2019, fue miembro de la Comisión Técnica para la reforma constitucional. Actualmente, también es directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y miembro del directorio de Comunidad Mujer. Además, es co-investigadora del Proyecto Fondecyt “Gobernanza mediante el consenso: bases jurídicas para la agencia y obligatoriedad de los acuerdos entre los pueblos indígenas y el Estado chileno”.
Tras la distinción entregada por la Universidad de Columbia, preguntamos a Isabel por el rol de las mujeres abogadas en un contexto de cambios y demandas sociales donde el derecho cobra protagonismo. “El proceso constituyente en curso, y las transformaciones jurídicas asociadas, constituyen oportunidades para que las abogadas y abogados podamos seguir contribuyendo a la justicia y a forjar un mejor país. En temas de género, la Convención paritaria sin duda será un espacio histórico. Pero existen también discriminaciones a nivel legal y reglamentario que han permanecido en el tiempo y que impactan la vida cotidiana de las mujeres en nuestro país. La profesión legal, por supuesto, puede contribuir a hacernos cargo de las brechas de género en las que todavía queda mucho trabajo por hacer”, sostuvo.
La decana de Derecho UAI también se refiró al aporte de la profesión legal para abordar los desafíos sociales, como también aquellos que han surgido con la irrupción de nuevas tecnologías.
“Existen múltiples maneras de ejercer la profesión legal. Los caminos que antes se encontraban probablemente más delineados y acotados, hoy, gracias a los cambios sociales y también a los cambios tecnológicos, han abierto nuevas áreas en que las abogadas y abogados cobran mayor relevancia. Ello nos exige contar con una formación jurídica rigurosa, pero también entregar herramientas para un mundo que exige con más intensidad conversaciones con profesionales de distintos contextos, de manera que se puedan resolver problemas jurídicos dando cuenta de todas las complejidades asociadas”.
Y ¿cómo repercute esto en la enseñanza del derecho?
Para la enseñanza del derecho, ello significa trabajar en el conocimiento del ordenamiento jurídico, en la comprensión del rol del derecho en la sociedad y en las transformaciones sociales, pero también en analizar las posibles intersecciones con otras disciplinas, que permitan dar respuestas más amplias e integrales. Un aspecto crucial pasa por la formación ética. En un mundo cada vez más cambiante, las futuras abogadas y abogados se enfrentarán a nuevos dilemas éticos por lo que deben contar con las herramientas para poder anticiparse y resolver los conflictos éticos que enfrentarán durante el ejercicio profesional.