Esta semana se produjo el rechazo, en la Cámara de Diputados, del proyecto de reforma que pretendía reponer el voto obligatorio para las elecciones populares en el país. Ante la falta de cuatro parlamentarios que respaldaran la moción (se requerían 93), la iniciativa dejó de ser –por ahora- una posibilidad para el plebiscito de entrada del 26 de abril, cuando los chilenos deberán decidir si quieren o no construir una nueva Constitución y bajo qué modalidad.

La obligatoriedad del voto –así como lo fue la inscripción automática y el sufragio voluntario, en su momento- se ha convertido en un “must” para algunos, dada la incertidumbre en la participación ciudadana que se prevé para los comicios sobre la nueva Carta Fundamental.

En el oficialismo, en tanto, las cuentas fueron alegres tras el rechazo. De hecho, La Moneda había realizado esfuerzos por evitar que sus parlamentarios respaldaran la iniciativa –aunque varios la habían apoyado cuando se votó en general, en diciembre pasado-, pues, según dijo el ministro de la Segpres, Felipe Ward, sería mejor trabajar en incentivos para que la ciudadanía vaya a votar. Mismos incentivos que, hasta ahora, no han funcionado.

A partir de las palabras de Ward, algunos entendieron que –en realidad- luego de conocida la encuesta CEP y el 6% de respaldo al gobierno de Sebastián Piñera, reponer el voto obligatorio traería consecuencias negativas para la centroderecha. Obvian eso sí que, en la misma medición, los partidos políticos –de todos los sectores- apenas llegaron al 2% de confianza. En realidad, las dificultades son transversales.

Esta no es una discusión nueva. La obligatoriedad del voto y si este es un derecho o un deber, fueron materia de profundas controversias cuando en 2009 se debatió la modificación que lo hizo voluntario. La situación es compleja. De hecho –y contrario a lo que se pensó hace una década atrás-, las últimas elecciones han demostrado que la participación cada vez es menor, llegando incluso a bordear el 40%.

Ante los datos, el doctor en Ciencia Política, Claudio Fuentes, advirtió en una columna publicada en Ciper, que esto quiere decir que “un presidente que obtiene más del 50% de los votos, en realidad está representando menos del 30% del total de la ciudadanía”, lo que se convierte en una realidad preocupante pensando en la construcción de la nueva Carta Fundamental. ¿Qué sucede si, en abril, vota menos del 40% de la ciudadanía? ¿Qué legitimidad tendría, entonces, la decisión que se tome, sea esta la aprobación o el rechazo?

El problema empeora cuando se toman en cuenta los datos respecto de quiénes votan en Chile y la desigualdad que existe, pues hay variados estudios que muestran que son las personas con mayores niveles de educación y de recursos, quienes más sufragan. Un análisis del Centro de Estudios Públicos, de 2012 –escrito por Patricio Navia y Belén Del Pozo-, evidencia que en los grupos ABC1, más de 96% se muestra dispuesto a sufragar, mientras que, en el E, esta disposición es 30 puntos menor.

En la discusión de esta semana, el democratacristiano Gabriel Silber entregó cifras aún más dramáticas: “Hay una asimetría evidente entre comunas como Vitacura y Las Condes, donde la participación es cercana al 60% y las más populares, por donde soy diputado, y donde solo vota entre el 30% y el 36%”.

Nuevamente la legitimidad de la consulta que se hará en abril, queda en entredicho. Y también la necesidad de definir, como país, si el voto es un derecho o un deber para sus ciudadanos, considerando que tenemos una democracia representativa que requiere de la participación para poder funcionar y controlar al poder.

En este escenario y a la luz de la crisis social que estalló el 18 de octubre pasado, vale la pena cuestionarse qué tipo de democracia representativa es la que queremos seguir construyendo. Porque es difícil pensar que una nueva Constitución, que establezca los cimientos legales de la nación y que se convierta en un hito refundacional –como lo plantean varios-, pueda ser evaluada y votada solo por el 40% de la ciudadanía.

El estado de situación actual es preocupante. Porque más allá del debate teórico, lo que ha sucedido en las últimas elecciones denota que, en la realidad el voto en Chile dejó hace mucho rato de ser universal y más parece censitario: solo algunos, los más privilegiados, tienen la conciencia y responsabilidad cívica para considerar el sufragio como un deber. Con o sin obligación, en la práctica, el derecho a voto se está ahogando.

Publicado en El Mercurio Valparaíso.