Pasó lo que todos temían: Registramos la elección popular con mayor abstención desde el retorno a la democracia. ¿Es un drama o algo esperable?
De un padrón habilitado de 14 millones de chilenos, sólo votó el 34,9%. Se consolida entonces la tendencia a la baja participación: en las anteriores municipales, un 42% de la ciudadanía acudió a sufragar. Algo parecido ocurrió en la segunda vuelta presidencial de 2013. ¿Es tan grave? ¿Debemos volver al voto obligatorio? En democracias representativas de corte liberal, la abstención electoral no es necesariamente un drama. Especialmente si el voto es voluntario, donde la señal normativa es que las personas pueden soberanamente decidir si ejercer o no su derecho a escoger autoridades. Dicho de otra manera, cuando el voto es voluntario, la abstención es parte de un paisaje de normalidad. Si estamos convencidos de las virtudes filosófico-políticas de la voluntariedad, entonces no debiésemos rasgar vestiduras por la baja participación. Por el contrario, podríamos añadir que la abstención está entregando un mensaje potente de desafección que no podríamos escuchar con tanta claridad si las personas fueran obligadas a participar. De poco sirve decir que la abstención fue de apenas 13% en la segunda vuelta presidencial de 2010 -la última que tuvimos con el sistema antiguo- si en realidad superó el 40% tomando en cuenta aquella importante porción que no estaba inscrita. Dicho de otra manera, el descenso de la participación electoral en Chile es un fenómeno que se visibilizó y agudizó con el voto voluntario, pero que viene registrándose desde mucho antes. Desde el plebiscito de 1988, para ser exactos. La pregunta delicada para defensores de la voluntariedad es cuánta abstención aguanta un sistema político representativo antes de que sus resultados exuden olor a ilegitimidad democrática. No existe un umbral claro, pero el sentido común nos sugiere -por ejemplo- que una elección donde concurre la voluntad cívica de menos de un 20% de la población habilitada, es una elección cuyos ganadores parten con un mandato truncado, siempre susceptible de ser cuestionado.
Teóricos de la democracia se preguntan si acaso las libertades y derechos que disfrutamos no se arriesgan cuando dejamos de autogobernarnos. La respuesta liberal suele ser “depende”. Dentro de ciertos márgenes, la abstención no constituye un riesgo efectivo.
Pero ¿diríamos lo mismo si vota una persona de cada diez? ¿Cómo se manifiesta ese riesgo? ‘¿Es un peligro autoritario que se cierne sobre nuestras instituciones? No existe una respuesta definitiva.
Los defensores del voto voluntario argumentan que su modelo es altamente sensible a los incentivos de la elección en disputa. Si la elección es percibida como poco importante menos gente acude a votar. Es un patrón histórico: los chilenos votan menos en las municipales. Habría que esperar, por tanto, a ver qué pasa en las próximas presidenciales. Nada podría -o debería- ser peor. También es un hecho que las desprolijidades del padrón contribuyeron marginalmente a la abstención.
Tampoco ayuda el clima de desconfianza generalizada a partir de los casos de financiamiento irregular. Si todos son “corruptos”, es poco estimulante hacer la cola para sufragar.
Más aun, algunos observan un persistente problema de oferta. Las grandes coaliciones -en este caso, Chile Vamos y la Nueva Mayoría- no se han renovado lo necesario. Para mucha gente, son los mismos elencos de la transición. En cambio, se dice, la ciudadanía sí se moviliza cuando hay esperanza de cambio -como sucedió, sin ir más lejos, en Valparaíso-. En otras palabras, más caras nuevas y escenarios más competitivos auguran mayores niveles de participación. La solución pasaría por tanto, en recrear esas condiciones antes que en tirarle la cadena al voto voluntario. La voluntariedad es un gran termómetro, insisten: marca bien la fiebre. No le pidamos que además, sirva de medicamento. Los remedios hay que buscarlos en otro lado.
Finalmente, volver al voto obligatorio tiene sus obstáculos. La señal llega a dar un poco de vergüenza: como no votan por las buenas ahora votarán por las malas. Recordemos que millones de personas fueron automáticamente inscritas, aunque no estaban interesadas en participar en procesos electorales. Por supuesto, esto no es un problema para quienes defienden la obligatoriedad de la participación electoral como principio normativo.
Ellos siempre creyeron que el voto voluntario era una pésima idea. Muchos, sin embargo entienden que las condiciones prácticas del retorno al sufragio como deber jurídico son complejas. En ese sentido, cualquier proyecto que ingrese apurado al Congreso buscando reponer el voto obligatorio se enfrentará a cierta -entendible- resistencia popular.
Quizás haya que acostumbrarse a vivir en un mundo con alta abstención, donde las situaciones de participación desbordante sean excepcionales. Quizás haya que esperar que la educación ciudadana haga lo suyo -partidarios del voto voluntario siguen considerando que el voto es un deber cívico aunque no jurídico-. Quizás haya que esperar a que la política se ponga al día con la tecnología bajando las barreras de acceso al sufragio efectivo. Quizás haya que darles tiempo a los nuevos movimientos y generaciones desafiantes para que puedan competir en igualdad de condiciones. Como sea, no es recomendable pensar en un retorno a la obligatoriedad como solución de corto plazo. Cuando el voto es voluntario, la abstención es parte de un paisaje de normalidad. Si estamos convencidos de las virtudes filosófico-políticas de la voluntariedad entonces no debiésemos rasgar vestiduras por la baja participación.
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