La violencia reciente en campus universitarios ha generado natural indignación y transversal rechazo. Mediante una declaración pública el CRUCH ha sido categórico en condenar estos hechos. Bienvenida postura que, sin embargo, contrasta con la pasividad respecto a actos de violencia previos como las tomas que se han sucedido año a año. Ello ha contribuido a normalizarlas y a validar métodos de fuerza de suyo ilegítimos. Si las mismas razones que hoy correctamente se invocan se hubieran aplicado oportunamente a las tomas, quizás hoy la historia sería otra.
¿Cuáles son los argumentos del CRUCH en contra de la violencia reciente? Primero, ir “contra las normas de moralidad y civismo que hacen posible una convivencia humana más respetuosa y edificante”. Segundo, “vulnerar derechos fundamentales de estudiantes y de otros integrantes de la comunidad universitaria”. Tercero, “dañar gravemente la credibilidad e institucionalidad de las instituciones universitarias, atendida su misión cultural e intelectual”. Cuarto, “provocar un serio perjuicio para las actividades propias de la universidad”. Inapelables argumentos.
El punto es que cada uno de estos argumentos aplica también a un historial de tomas que, en algunos casos, se han extendido por meses. Se trata, de actos de fuerza ilegítimos que, apoderándose de un espacio común, también atentan contra la convivencia, vulneran el derecho de estudiantes a estudiar y de profesores y personal a ejercer sus labores, dañan la credibilidad de las instituciones y perjudican gravemente las actividades propias de la universidad. Siendo esto así, ¿por qué, no se alzó la voz con la misma claridad?
Por supuesto, el problema no es exclusivo de la universidad. Lo mismo ha ocurrido a nivel escolar. La actitud pasiva respecto a las tomas, cuando no de respaldo por parte de ciertos actores políticos, ha contribuido a normalizarlas, entregando la señal de que recurrir a la fuerza es legítimo. Por supuesto, las señales importan: graves actos de violencia, como por ejemplo los del Instituto Nacional, no son ajenos a estas.
Dos son las razones que típicamente se dan para hacer la vista gorda. La primera es la eventual legitimidad de las reivindicaciones. Pero, como es obvio, la legitimidad de las causas no convierte en legítimos a los medios empleados. Si así fuera, poco nos separaría de un estado de naturaleza de guerra de todos contra todos. La segunda es que se trataría de decisiones democráticas adoptadas por una mayoría (por cierto, solo de estudiantes). Pero este argumento también es falaz y revela una pobrísima comprensión de la democracia. ¿Desde cuándo esta significa que derechos fundamentales puedan ser conculcados por simple mayoría?
Más allá de la pertinente condena a los recientes actos de violencia estudiantil, es necesaria una autocrítica sobre las señales dadas en el pasado sobre los medios de reivindicación aceptables. De no hacerla, ni enmendar el rumbo, solo cabe esperar nuevas declaraciones públicas, como si esa fuera una solución.
Publicada en La Tercera.