¡Viene el lobo, viene el lobo! Aquel añoso cuento infantil, en el que un pastor por entretención asustaba una y otra vez al pueblo con la supuesta presencia de un animal feroz -hasta que ya nadie le creía – podría perfectamente aplicarse a la situación vivida en el país a raíz del paro de camioneros, incluyendo la constante amenaza del Ejecutivo con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, que nunca fue concretada, en pleno debut del ministro del Interior, Víctor Pérez, a cargo de una crisis de proporciones.

“No diría que hubo un trato diferencial”, dijo Pérez a los medios, respondiendo a la crítica que comenzaba a surgir en cuanto que la mano del Gobierno estaba siendo algo más blanda hacia los camioneros, en comparación con otras manifestaciones ciudadanas. “No hubo nadie quemado, no hubo actos de violencia, sólo un accidente fatal por una imprudencia de un manifestante y, en términos generales se mantuvo la tranquilidad. No justificaba la Ley de Seguridad Interior del Estado, la seguridad del Estado no estuvo en riesgo”, añadió Pérez, junto con advertir que estaban “las acciones judiciales preparadas”, si es que se requería.

Pero eso era nada más que una amenaza y así quedó de manifiesto con el correr de los días. Si bien efectivamente no hubo quemas, no hubo personas heridas por perdigones ni fogatas “alumbrando” las calles, la “tranquilidad” de la movilización a la que aludió Pérez no fue tal: moverse de una ciudad a otra en algunos sectores, incluida la V Región, era una misión solo para valientes, hubo camioneros amenazados para que adhirieran al paro, existió el mismo “El que baila, pasa”, tan criticado por Sebastián Piñera y su gobierno durante las marchas del pasado 18-0, y el abastecimiento de combustible y alimentos estuvo efectivamente en riesgo, lo que fue retratado por los medios de comunicación conforme avanzaban los días.

Esa diferencia entre el trato a los transportistas versus otros manifestantes fue incluso advertida por Bernardo Matte, titular de la Sofofa, cuando en entrevista esta semana dijo: “Comparto esa preocupación. Por ejemplo, se aprobó recientemente una ley antibarricadas que, entiendo, podría haber sido aplicada en este caso y no se aplicó”.

La realidad es que en esta situación el Ejecutivo actuó de manera bastante más indulgente que en otras. Los camioneros bloquearon las carreteras del país a su antojo (absolutamente comparable al corte de calles por barricadas), incluso algunos aprovecharon de hacer fiestas en pleno toque de queda y no hubo ni siquiera un detenido. Ni por el obstáculo al libre tránsito del resto de los ciudadanos ni por la actividad en horario prohibido.

El mismo ministro Pérez aprovechó los micrófonos radiales para relativizar la gravedad de las acciones ejercidas por los camioneros: “Hay que tener presente que ellos hicieron una manifestación para mantener el Estado de Derecho, porque están siendo víctimas de violencia, de quema de camiones, y eso es irrebatible”.

¿Es distinta entonces una manifestación por parte de los camioneros con otras marchas y actividades como las que siguieron al 18-0? ¿O es que el orden público es cambiante y depende de dónde venga la alteración el apelativo que reciba?

Si uno se remite al significado de los conceptos, una simple búsqueda para definir “orden público” arroja lo siguiente: “Situación o estado de paz y de respeto a la ley de una comunidad”. ¿Se puede decir que los camioneros mantuvieron el estado de paz y respetaron la ley durante los seis días que duró la paralización?

Ahora, superado este primer obstáculo en el debut de Pérez está, en la otra vereda, la acusación constitucional con la que la DC amenaza al ministro y que puede convertirse en otro “viene el lobo” más. Hasta ahora, algunos dirigentes del partido han anunciado que no consideran prudente seguir adelante con el libelo, toda vez que los camioneros depusieron las acciones -aun cuando amenazaron con volver a la carga si el Gobierno no cumple los acuerdos-. El futuro de la acusación es incierto, los mismos parlamentarios no tienen claro si tiene asidero y el riesgo de que sea nada más que un show comunicacional, está latente.

En este escenario, Pérez aún no ha sido medido en encuestas. Pero sí el Presidente Piñera, que en la Cadem de esta semana llega apenas a un 18% de aprobación y cuya evaluación respecto de la capacidad de solucionar problemas ha caído 43 puntos entre su asunción y hoy. Al parecer, el doble estándar no está siendo bien recibido por los chilenos.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.