Desde hace un año que se encuentra en discusión en el Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema notarial en Chile. Este es el cuarto intento en la última década, los tres anteriores fracasaron.

Razones para hacer una reforma profunda al sistema no faltan. El nombramiento de notarios es poco transparente, poco meritocrático y sujeto a un riesgo alto de tráfico de influencias. Las rentas oligopólicas que obtienen los notarios son altas, el estudio reciente de la Fiscalía Nacional Económica mostró que ganan $14 millones mensuales en promedio y los notarios en el centro de Santiago $24 millones mensuales. Por último, la tecnología que usan es cara y obsoleta. En el mismo estudio de la FNE se muestra que muchos trámites se podrían hacer a un 10% de su costo actual si se usan tecnologías modernas.

A pesar de todas esas buenas razones, ha sido imposible reformar el sistema notarial. El argumento principal usado por los mismos notarios para oponerse es que se pondría en riesgo la fé pública, de la cual ellos se declaran garantes.

Más allá de que la fe pública no es un bien público superior o de mayor importancia que la salud pública o la educación pública ni tiene ninguna característica que requiera restricciones en la cantidad de oferentes para protegerla, tal como se restringe la cantidad de notarios, el actual sistema notarial no tiene nada particular que garantice la fe pública. De hecho, el nivel de impunidad existente respecto a faltas graves a la fe pública por parte de algunos notarios son prueba de serias deficiencias respecto a poder garantizarla.

Algunos ejemplos de faltas graves junto a la impunidad de los notarios que las cometieron vienen al caso:

• En 2011, 13 escrituras públicas hechas y otorgadas por un notario, que incluían poderes firmados por personas muertas, permitieron ventas fraudulentas de terrenos, la corte pidió sancionarlo con 30 días de suspensión.
• En 2013 se detectó en una notaría de Santiago que habían más de 13.500 escrituras públicas perdidas, pero no hubo sanción por parte de la corte.
• En 2016 un notario en Talca prestó asesoría jurídica a un cliente, lo que está prohibido, y le recomendó presentar testigos falsos en un juicio. Hay grabaciones que prueban este hecho, pero la corte decidió no sancionar al notario.
• Una sanción de %15 días de suspensión” fue la que impuso la Corte a un notario en Vallenar por “faltar gravemente a los deberes de prudencia e integridad en el ejercicio de su cargo”.
• Un notario en Chillán fue solo amonestado por “cobros excesivos y, en algunos casos, cobros indebidos”.

¿Cómo se protege la fe pública con sanciones mínimas o nulas para violaciones graves a la fe pública? ¿Cómo es que los garantes de la fe pública cobran entre 2 y 11 veces el arancel máximo legal, tal como mostró el estudio de la FNE, y no reciben sanción?

Una nueva evidencia respecto a la forma de funcionar de algunos notarios surgió la semana pasada a propósito del fraude del cual fue víctima el expresidente Eduardo Frei. Respecto a cómo era posible que se hubiera falsificado la firma en algunos documentos ante un banco, uno de los notarios involucrados señalo que: “Estos pagarés llegan a mí hechos, cuando yo autorizo la firma no requiero la firma de ninguno de los dos en el lugar. Los ejecutivos del banco están encargados de resguardar la veracidad de los antecedentes que me traen.”  Para luego agregar que firma hasta 5 mil documentos una vez a la semana en las oficinas del banco: “Estoy toda la mañana firmando a requerimiento de los ejecutivos del banco”. Es decir, los funcionarios del banco actúan en la práctica como notarios!!!

Lo sorprendente de este caso es que una de las propuestas de reforma al sistema notarial es que se crea la figura de Fedatarios, que actuarían como notarios para los trámites más simples como certificados y firmas, pero los notarios se han opuestos fuertemente. Sin embargo, en la práctica los Fedatarios ya existen, son muchas veces los mismos funcionarios de las notarías y también, como nos revela este caso, algunos funcionarios de los bancos. ¿Por qué oponerse entonces a crear formalmente algo que ya existe pero que opera  de facto? La respuesta es simple, hoy es un mercado negro desregulado cuyos ingresos quedan para los mismos notarios. En ese sentido, es mejor opción transparentar la existencia de los Fedatarios, regular quiénes pueden serlo y separar ese negocio de los actuales notarios.

Si bien crear la figura de Fedatarios ayuda a generar mayor competencia en los principales trámites que se hacen hoy en las notarias, creo que una mucho mejor reforma que debiera hacerse es eliminar el límite al número de notarías existentes y la restricción geográfica. Basta con establecer requisitos exigentes para ser notario y toda persona que los cumple puede abrir una notaría en el lugar que quiera. Eso garantiza idoneidad, desaparecen rentas monopólicas, mejora la calidad del servicio y los precios son competitivos.