“Solemnemente juro que desempeñaré fielmente el cargo de presidente y que, con la mejor de mis habilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos”. Esta frase enunciaba el pasado miércoles Joe Biden, flamante nuevo mandamás del país del norte. Luego de eso, se oficializaba su llegada a la Casa Blanca (celebrada por muchos en todo el mundo). No juraba proteger la bandera, ni al pueblo virtuoso, ni a su partido, sino que a la Constitución. Un librillo escrito por humanos que, en ese momento, tomaba ribetes casi tan sagrados como la biblia familiar en que sostenía su mano izquierda. Y es que, de alguna u otra forma, una constitución representa todo lo que una autoridad debiese defender, partiendo por el Estado de Derecho y los valores democráticos más basales de cualquier sociedad.

En Chile, las autoridades que asumen el poder realizan un juramento similar. Sí, incluso esos diputados que han transformado la presentación de proyectos inconstitucionales en un deporte nacional. Esos mismos que no condenan la violencia y que incluso (por acción u omisión) alientan a rodear al congreso y a la futura convención constituyente. En ese contexto (y a diferencia de Estados Unidos), resulta algo esperable que el poder simbólico y real de la constitución se haya diluido en nuestro país. Y con eso, me refiero a la constitución y no a nuestra actual Constitución.

Muestra de lo anterior es la actitud que han tomado algunos candidatos a convencional constituyente. Entre más de mil opciones disponibles, deberemos convenir en que hay de todo. Sin embargo, varios parecen creer que el capital social o sus historias personales los hacen merecedores de un sitial en la mesa en que se decidirán nuestras bases más elementales. Parecieran olvidar que la redacción de ese libro (casi sagrado para cualquier democracia) supone precisamente el prescindir de uno mismo. Dejar los egos y las experiencias propias para ponerse a disposición de un proyecto por esencia colectivo. Eso es lo que debe llevar cualquier convencional a la mesa. La disposición a dialogar y escuchar.

El sistema electoral con que se escogerán a los convencionales puede, sin duda, distorsionar el sentido de las futuras discusiones. En buena hora, escogeremos entre candidatos que representan ciertos distritos. Considerando las inequidades territoriales que vivimos, este sistema resulta fundamental si pretendemos que todas las sensibilidades locales se encuentren presentes en la mesa. El problema es que, sin embargo, las temáticas a tratar requerirán, incluso, que dejemos a un lado nuestras propias identidades territoriales. Solo a modo de ejemplo, al discutir nuestra futura administración territorial del Estado, no debiésemos promover una pugna entre el distrito 6 y el distrito 7. Al contrario, debiésemos abstraernos y reflexionar sobre qué sistema representa lo mejor para todos.

Este problema parece sencillo, pero en vista de los discursos predominantes, me aventuraría a sugerir que será de difícil solución. Gran parte de los candidatos llegarán al proceso con banderas y causas que—por más legítimas que sean—podrían provocar un daño irremediable al proceso.

Lo más visible se relaciona con la promoción y protección de derechos. A modo personal, me encantaría—por ejemplo—que la nueva constitución consagrara de forma explícita ciertos derechos de cuarta generación, asociados a las nuevas tecnologías. Desde el derecho al olvido, a la protección de datos y a la propia identidad digital. Sin embargo, sería un sinsentido convertir esa causa personal en una traba al proceso de diálogo. Por más que llegue con una propuesta de redacción, lo más probable es que, para asegurar ese y otros derechos, debamos utilizar más goma que lápiz al apartado de garantías constitucionales. Con una cuota de humildad y altura de miras, quizás me vería obligado a dejar mis legítimas aspiraciones personales a un lado.

Pero los riesgos también se asocian con las identidades. Por el hecho de ser del distrito 6 o 7, por ejemplo, uno podría intuir una cierta inclinación natural por un Chile más desconcentrado y descentralizado. Este es un tema propiamente constitucional que, sin duda, deberá ser parte importante de las discusiones de la convención. Sin embargo, nuestros representantes no pueden transformarse en meros “constituyentes regionalistas”.

Entonces, ¿qué esperar de nuestros futuros constituyentes? Pues, a mi juicio, desprendimiento. Desprendimiento de sus causas personales y de sus identidades. Eso no implica, por cierto, vaguedad doctrinaria. Las discusiones que vienen serán políticas, con principios en juego y visiones de sociedad en un constante enfrentamiento. Pero, desde valores y principios sólidos, sigue siendo posible promover una lógica de diálogo. Después de todo, solo así construiremos una casa en donde todos—los del apruebo y del rechazo—nos sintamos cómodos.

Publicado en El Mercurio de Valparaíso.