No se trata de un ascenso al Aconcagua, ni al Everest. Se trata de uno mucho más práctico, aunque extremadamente relevante para nuestro devenir jurídico, y que –de haber sido realizado con astucia, orden y formas adecuadas- no debiera haber dado más que para un día de noticias.
Pero la falta de acuerdos entre La Moneda y el Senado, la negativa de Palacio a negociar previamente el nombre y el estado de la oposición, que la obliga a agarrarse de cualquier tabla flotante para demostrar su fuerza, han hecho que la nominación de la jueza María Angélica Repetto como ministra de la Corte Suprema –en reemplazo del renunciado Milton Juica- se convierta en una cuesta pedregosa, sinuosa, empinada y difícil de transitar. Tal como lo fue para la primera –y fallida- aspirante al cargo, Dobra Lusic.
La oposición ha hecho hincapié en que los pergaminos de Repetto no están en cuestión. Incluso, el senador Ricardo Lagos Weber mencionó en las páginas de este diario que “ella reúne todas las condiciones para integrar la Corte Suprema… Yo no veo ningún reparo”, lo que ha sido repetido por otros integrantes de la ex Nueva Mayoría, incluso el presidente del Senado, Jaime Quintana.
Entonces, el problema pasa por otro lado. Y así también lo han hecho ver parlamentarios como Felipe Harboe, quien advirtió que lo que ha faltado en este proceso ha sido “manejo político” de La Moneda para enfrentar el tema.
Por su parte, el gobierno ha retrucado a dos bandas. Por un lado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que parece haber prestado oído al sentimiento opositor y ha dicho que “tenemos que seguir conversando” para llegar a una resolución del impasse. Pero, desde los patios de Palacio, la vocera Cecilia Pérez ha continuado con su ya habitual tono incendiario, acusando “mezquindad política” de parte de la oposición.
En este escenario, las preguntas que surgen apuntan a saber qué es lo que evalúan los senadores a la hora de votar por un cargo así de relevante: ¿Los pergaminos del o la candidata, su trayectoria y su capacidad para hacerse del puesto? ¿O en verdad lo que pesa es la decisión política y la cocina previa?
Lo cierto es que las respuestas han sido claras y decepcionantes, haciendo el camino a la Suprema aún más empinado. Porque finalmente, cuando todos concuerdan en que las piedras en la ruta están dadas por las formas y no por el fondo; cuando todos admiten que las diferencias en el nombramiento de Repetto no pasan por sus características ni trayectoria, sino porque La Moneda no consultó previamente al Senado o no negociaron antes el nombre, es decir, por un franco desaguisado, la opinión pública deja de entender el tema: finalmente, la designación se transforma en un tema político y deja de ser técnico o meritocrático, como debiera ser.
Aunque en este tipo de definiciones se sabe que las reglas del juego son así, en la práctica es la candidata la que paga los platos rotos de un gallito entre el gobierno -y su nula capacidad de adelantarse a los conflictos- y la oposición, que muestra un exceso de sensibilidad y que utiliza el tema para marcar agenda. La verdad es que María Angélica Repetto se ha transformado en el jamón de un sándwich que nada tiene que ver con el nombramiento per se, sino que pretende dar señales políticas, de uno y otro lado, y cobrar cuentas pendientes entre la oposición y el gobierno, lo que claramente excede por mucho el trámite en sí.
En esa línea, cobran lucidez las palabras del vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, quien advirtió esta semana que esta situación ha devenido en una “sobreexposición que perjudica en lo personal y, eventualmente, puede perjudicar el sistema”. Y claro que es así. Cuando los postulantes terminan siendo carne de cañón en medio de la disputa política, no queda claro quién gana. Sobre todo en un caso como el actual, donde la jueza Repetto ha mostrado credenciales intachables, pero además, entendiendo que se trata de una mujer y de región, lo que ciertamente aportaría de manera relevante en el máximo tribunal.
Ahora, lo más probable es que gobierno y oposición terminen poniéndose de acuerdo, pero a un costo que no tiene sentido. En un estado democrático y serio, se espera que las instituciones puedan ponerse de acuerdo, sin generar un trauma social ante cada decisión, con muestras de respeto de uno u otro lado, sobre todo en un tema como el que está en cuestión.
Hay momentos en los que el consenso debiera ser la norma. O el intento de llegar a consenso, una regla general. Y este es uno de esos casos.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso.