La decisión tomada esta semana en cuanto a aplazar el plebiscito -originalmente planificado para el 26 de abril- hasta octubre, y, del mismo modo, las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales hasta el próximo año, es acertada y sensata, considerando la rápida expansión del coronavirus en nuestro país y la necesidad de mantener el aislamiento social.

En estas circunstancias, con clases suspendidas, con un número cada vez más creciente de contagiados -que sube de manera brutalmente exponencial-, con llamados de la autoridad a las personas a quedarse en sus casas, era realmente insostenible que la jornada de consulta ciudadana se mantuviera para un mes más, cuando todos los pronósticos advierten que la pandemia estará en su peak.

Valorable es, asimismo, que todas las fuerzas hayan sido capaces de ponerse de acuerdo, en tiempo récord, para tomar una decisión que era de sumo relevante y urgente. Las palabras de apoyo de parlamentarios de todos los sectores e incluso del Gobierno hacia la medida, hablan de una clase política que todavía es capaz de ponerse de acuerdo, al menos en temas que, como este, pueden ser de vida o muerte.

Obviamente no faltaron algunos inadaptados -sobre todo en redes sociales- que criticaron la medida. Ni tampoco los “pasados de rosca” que elevaron voces para que la consulta por la nueva Constitución se suspendiera completamente, como José Antonio Kast, que -haciendo oídos sordos a la crisis social que ha azotado al país desde hace ya cinco meses- gritó a los cuatro vientos que la consulta no debía realizarse.

La última Cadem, dada a conocer a comienzos de esta semana, analizó la postura de los encuestados respecto del coronavirus y también preguntó por la posibilidad de postergar el plebiscito. Si bien los sondeados tenían muy claro lo peligroso del COVID 19, no todos estaban tan seguros de dejar para más adelante la consulta ciudadana.

Así, un 52% afirmó que está “mucho o bastante” preocupado por el contagio y un 80% aseguró que ha dejado de ir a lugares públicos para evitar exponerse al virus.

Pero llama la atención, eso sí, que el porcentaje de encuestados que se manifestó en contra de postergar el plebiscito rondaba apenas el 45%. Es decir, casi la mitad de los consultados, pese a que ha tomado medidas para evitar estar en lugares públicos, prefería mantener la fecha de la consulta para el 26 de abril. Extraño es, considerando que una elección de esa naturaleza ciertamente habría producido -en condiciones normales- aglomeración de personas, lápices utilizados por varios ciudadanos unos tras otros, y una serie de situaciones que irían en contra del cuidado necesario y masificado por la autoridad sanitaria.

Es relevante tomar en consideración la composición de este grupo, que prefería mantener el plebiscito en la fecha original. Quizás a partir de las señales que -erróneamente- ha entregado el Gobierno sobre la pandemia, quienes se manifestaban en contra de la postergación son jóvenes entre 18 y 34 años, precisamente quienes han sido considerados como “de bajo riesgo” ante la pandemia. Además, se trata de personas de estratos socioeconómicos bajos e identificados con la izquierda (no se puede obviar que, en la medida que el virus ha sido asociado en gran medida a personas que viajaron fuera de Chile, para muchos se trata, erróneamente, de un virus ABC1).

Lo cierto es que un plebiscito de estas características requiere de una ciudadanía que se vuelque a las urnas de manera masiva, de forma tal que el resultado de la consulta -cualquiera este sea- tenga una legitimidad incuestionable. Requiere también de una concentración país en el que los votantes puedan estar atentos a las campañas y alternativas que se le presenten, para que el voto sea lo más informado posible.

Pero, en la situación que se vive hoy, con un virus que avanza a pasos agigantados y una sociedad completamente volcada a evitarlo, con una clase política también concentrada en aquello -e incluso alcaldes que aprovechan de hacer campaña a partir de medidas algo populistas-, no es momento de hacer una consulta ciudadana de esta envergadura.

Además, esta puede ser una buena oportunidad para atar cabos que quedaron sueltos dada la premura en la definición original, como -por ejemplo- los límites al gasto de campaña que tendrán los partidos. Como dicen por ahí, cada problema, mirado desde otra óptica es una oportunidad. Y dada la sensatez del acuerdo alcanzado esta semana, esta es una oportunidad para mejorar un hito que será histórico para nuestro país.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.