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Tontos hasta las 12

24 de Enero 2020 Columnas

Durante esta semana se ha reactivado el debate en torno a la eventual elección de gobernadores regionales. Los parlamentarios Rodrigo Galilea, Sebastián Torrealba, Alejandro García-Huidobro y Javier Macaya han defendido la idea de postergar los comicios. Los argumentos que han esgrimido, sin embargo, no dejan de ser curiosos.

Primeramente, algunos se han referido a la incertidumbre e inquietud que generaría la redacción de una nueva constitución, la cual ciertamente podría alterar las formas y condiciones de los futuros gobernadores regionales. El argumento parece sensato, pero el problema es que, en la actualidad, absolutamente todas las autoridades electas se enfrentan a esta profunda incertidumbre. Con una nueva constitución no sólo cambiarán las atribuciones y funciones de las autoridades subnacionales, sino que también la de los presidentes y parlamentarios. ¿Tendremos entonces que suspender las elecciones nacionales hasta tener claridad sobre cuáles serán las atribuciones y funciones del próximo Presidente de la República? Sería un absurdo.

Otro argumento que se esgrime es que aún no están definidas la transferencia de competencias y facultades hacia las futuras autoridades electas. Menos aún la relación que estas tendrían con los nuevos delegados presidenciales. Por este motivo, algunos parlamentarios han sugerido que la ciudadanía verá sus expectativas frustradas—ahora parecen estar preocupados por eso—cuando se percaten que cuentan con autoridades territoriales sin poderes ni atribuciones. Este es indudablemente un excelente argumento. La actual legislación tiene una serie de problemas que impiden la consolidación de figuras empoderadas. Pero el gran inconveniente de esta idea es que resulta incomprensible que los parlamentarios se aprovechen de su propia desidia para postergar el funcionamiento de una ley que no les gusta (sí, estoy suponiendo que este es el motivo que subyace a todas las articulaciones creadas). Recordemos que el año 2009 se aprobó la reforma constitucional que encomendaba a esos mismos parlamentarios a regular un traspaso de competencias hacia las regiones. Luego de casi una década en el congreso, recién el 2018 se promulgó la Ley 21.074, la cual materializa esta eterna discusión en un articulado deficiente. Seamos claros, tiempo ha habido, lo que ha faltado es trabajo y verdadera voluntad política. Desde la Fundación P!ensa, desde la comisión técnica sobre descentralización y hasta desde el mismo Consejo Asesor para la Modernización del Estado se han presentado propuestas concretas para mejorar la legislación vigente. Supongo que el congreso estará de acuerdo con que, a estas alturas, nemo auditur propriam turpitudinem allegans (“nadie puede aprovecharse de su propia torpeza”).

Luego del 18/10, parece claro que el malestar ciudadano no deviene sólo de necesidades materiales insatisfechas, sino que también de una sensación de abandono que subyace a las relaciones políticas entre todos. Por lo mismo, la descentralización efectiva del país ofrece ciertas salidas, en cuanto acerca las estructuras de poder a la ciudadanía, mejorando los niveles de confianza y de entendimiento. Algo de eso vimos en las primeras semanas de nuestra crisis, con alcaldes transformándose en verdaderos canales del descontento. Mientras desde la Moneda se veía el problema a la distancia, las autoridades locales vibraban y lloraban los problemas de sus barrios.

Por lo mismo, ya es tiempo de que quienes se oponen a la descentralización política (elección de intendentes) sinceren sus argumentos. Que aclaren que no han podido encontrar candidatos, que les saldrá caro o que perderán muchas regiones. Sólo así podremos tener una discusión sincera frente a la ciudadanía. Porque, como diría el ex fiscal Gajardo, en regiones quizás también seamos tontos, pero sólo hasta las 12.

Publicado en The Clinic.

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