La izquierda en Chile se ha radicalizado. Atrás han quedado los tiempos de la Concertación en que la izquierda era, todavía, una centroizquierda que rehusaba sumarse a los delirios del PC y otras formas de izquierda radical. Hoy, sin embargo, esa izquierda moderada está arrinconada y deslegitimada por los movimientos más radicales de su propio sector. Estos son tiempos difíciles para esa izquierda, que está en vías de extinción. Y si son tiempos difíciles para esa izquierda, lo son también para el país.
Toda democracia necesita que la izquierda y la derecha sean mayoritariamente moderadas, dialogantes y, en fin, se reconozcan mutuamente como formas legítimas de expresión política. Si eso desaparece, inevitablemente las posturas tenderán a radicalizarse y la democracia se tornará un arreglo extremadamente frágil. Y eso es precisamente lo que está sucediendo.
La “nueva izquierda”, capitaneada por el Frente Amplio, ha ido fagocitando a los sectores más moderados. Como cualquier versión más extrema de cualquier idea, corriente, fe o ideología, sus partidarios son pertinaces, poco realistas y adánicos: están demasiado seguros de sus propias ideas y no están dispuestos a llegar a transacciones para ejecutarlas; se empeñan en ellas, pese a que la historia ha demostrado, una y otra vez, que no son factibles (por ejemplo, la democracia asamblearia); no admiten yerros y, en su parecer, si algo no es perfecto es al mismo tiempo admisible; se creen inmunes a los vicios de sus predecesores y, en realidad, mejor que todos ellos. Y creen todo eso aun cuando fueron sus predecesores —y no ellos— los que tuvieron que hacer frente y padecer una dictadura. Ellos —que en su mayoría crecieron al alero de una democracia próspera— se sienten víctimas del sistema y denuncian un Presidente legítimo y constitucional, con el propósito evidente de hacerle imposible gobernar y de forzarlo a renunciar. Con ello desconocen el resultado de la última elección presidencial. Se sienten legitimados por el clamor popular y —salvo la honrosa excepción de Javiera Parada— legitimados para decidir si un gobierno merece o no continuar en el cargo. Creen encarnar, en sus propósitos y planes, la medida de toda legitimidad democrática. Piñera gobernará según el programa de ellos o no gobernará, independientemente de que, según la Constitución y la ley, sean las elecciones presidenciales el criterio para saber quién debe gobernar y según qué programa.
Carlos Peña ha dicho que muchos de nuestros políticos son niños. Sus dichos encendieron la indignación en las redes sociales. Sin embargo, ante tanto berrinche, ingenuidad y pertinacia es difícil no darle la razón. Y es que, en efecto, si quieren ser tenidos por adultos, deben mostrar primero que son capaces de serenidad y reflexión (por ejemplo, no celebrar y reírse de un senador asesinado, ni reunirse con su asesino en el extranjero para quién sabe qué motivo; ninguno de las torpezas comunicacionales de los personeros del actual gobierno se compara con ese desatino del diputado Boric). Deben mostrar, además, la paciencia que requiere el apego a las instituciones. En simple: si quieren gobernar, deben ganar antes la elección presidencial. No deben intentar atajos irresponsables ni, tampoco, forzar al Ejecutivo a gobernar con el programa que ellos quieren imponerle.
El país se merece una mejor izquierda. Es de suponer que para que esa mejoría tenga lugar, la centroizquierda —la izquierda moderada e institucional— marque sus diferencias con el FA y el PC. Una vez que lo haga es de esperar que vengan tiempos mejores para la izquierda. Si ello ocurre, quizás los tiempos mejores puedan llegar a todos.
*Esta columna fue escrita junto a Nicole Gardella, UAI – CEP.
Publicado en La Tercera.