En las últimas semanas han aparecido diversos artículos de prensa conmemorando los ochenta años del Terremoto de Chillán, la mayoría de los cuales contiene una cierta ingenuidad sobre los efectos políticos que estos trastornos de la naturaleza suelen acarrear consigo. A partir de los resultados arrojados por una investigación que llevamos a cabo con mi colega Aldo Mascareño (ayudados por la historiadora Francisca Leiva), sugiero a continuación algunas precisiones que pueden enriquecer el debate. Los terremotos estudiados fueron los de 1939, 1960 y 1985.

Lo primero que decidimos fue desembarazarnos de cualquier análisis esencialista y normativo sobre los terremotos y cuáles son —o deberían ser — las reacciones de los chilenos. Ni los sismos son eventos que obedecen a razones deterministas ni la sociedad chilena está especial y esencialmente preparada para reaccionar a ellos. La idea de que Chile es un “país de terremotos” y que, por eso mismo, los chilenos actúan a partir de la solidaridad, la unidad y el “buen corazón” puede ser cierta en la superficie. Sin embargo, no explica otras cuestiones menos loables y quizás más estructurales, como el pillaje, el caos o la reacción de las autoridades.

Nuestro segundo punto se relaciona con lo anterior. Uno de los dilemas enfrentados por las autoridades durante las semanas posteriores a los tres terremotos fue decidir el papel que debían jugar los militares en las labores de reconstrucción. En 1939, Pedro Aguirre Cerda utilizó a las Fuerzas Armadas para resolver problemas materiales e incluso policiales. No muy distinto fue, por razones obvias, el caso del terremoto de 1985: los militares estuvieron en cada momento a cargo de poner orden en un país asediado no sólo por el sismo, sino también por las jornadas de protesta de los años anteriores. En 1960, en tanto, la situación fue distinta: escéptico del histórico intervencionismo de los militares en política, Jorge Alessandri se opuso una y otra vez a que las Fuerzas Armadas tuvieran un rol protagónico luego del terremoto.

Detrás de la negativa de Alessandri se aprecian cuestiones importantes para comprender la historia de la democracia chilena: ¿Hasta dónde deben los civiles ceder el control del orden social cuando arrecian los terremotos? ¿Atentan los “estados de excepción” —muy comunes después de las catástrofes— contra la democracia? No hay respuestas unívocas para ambas interrogantes. No obstante, vale la pena hacérselas y ver hasta dónde los terremotos, sismos, incendios o inundaciones son, ellos también, instancias de participación y toma de decisiones políticas. Quedarnos en los aspectos solidarios que supuestamente emergen de los terremotos podrá servir para acompañar nuestros deseos de complacencia. Pero hay mucho más que podemos sacar en limpio a la hora de analizar sus efectos de mediano y largo plazo.

Publicada en La Segunda.