Me atrevo a sostener que el proyecto del tren de alta velocidad, que uniría Santiago con Valparaíso en 45 minutos, no tan sólo representaría una mejora sustancial en la conectividad de la región puerto, sino que también implicaría un progreso social mucho más profundo y significativo. Cuando hablo de un “progreso social mucho más profundo” no me refiero a la eventual adopción de la romántica cultura del tren europeo -no podemos desconocer el sentido cívico que se desarrolla en estos medios de transporte, el cual ha sido hasta publicitariamente aprovechado en el Viejo Continente-, sino más bien a un cambio en la forma de concebir el desarrollo territorial, el cual debiera ser la piedra angular del inminente proceso descentralizador.
¿Por qué el tren rápido podría gatillar un cambio de paradigma? Pues porque el proyecto presentado parece hacerse cargo de lo que viene promoviendo la OCDE desde hace casi 10 años, en cuanto a que los procesos de desarrollo debieran ser pensados desde abajo hacia arriba (bottom up) en pos de la eficacia. En buen chileno, lo que se nos ha dicho hasta el cansancio es que nuestras regiones difícilmente se desarrollarán con políticas públicas pensadas, diseñadas, ejecutadas y evaluadas desde la capital.
Hasta acá todo suena muy bien. Sin embargo, debemos reconocer que la lógica del bottom up es particularmente compleja, pues supone una serie de valores que hoy, más que nunca, han sido desafiados por algunos actores.
Ya en el año 2004, el economista español Francisco Alburquerque, sostenía en un artículo de la CEPAL que “la promoción del desarrollo económico local en América Latina y el Caribe necesita, pues, el fortalecimiento institucional para la cooperación pública, privada y comunitaria, como condición necesaria para crear ambientes territoriales innovadores”. En esta línea, para el europeo la colaboración no sólo sería deseada ni relevante, sino que el elemento esencial del desarrollo regional.
Lamentablemente, esta forma de concebir el desarrollo ha sido reemplazada en los últimos meses por un desprecio hacia el rol público de los privados, basado en un asambleísmo que poco, o nada, tiene de colaboración. Las espontáneas fuerzas sociales que conforman la vida comunitaria -hablamos de ONGs, universidades, iglesias, fundaciones, think tanks, gremios, juntas de vecinos, entre tantas otras- han terminado siendo desplazadas por voces tan grandilocuentes como minoritarias, las cuales, sin pudor, declaran representar la “voluntad ciudadana”. En consecuencia, se va volviendo difícil instaurar una lógica de bottom up cuando la función pública comienza a ser capturada por unos pocos actores, los cuales, paradójicamente, terminan cayendo en los mismos vicios que solían criticar.
Contrario a cómo se vienen gestando -o paralizando- los proyectos en la región, el tren de alta velocidad ha sido concebido desde la colaboración misma. Los fondos privados destinados al proyecto, junto a la ausencia de subsidio estatal, forman parte de sólo una arista de esta cultura. Es la oportunidad perfecta para rescatar la verdadera voz de la comunidad en la gestión de este proyecto. Hablamos de la voz de las fuerzas vivas de la sociedad civil que no se encuentran representadas en las soberbias figuras de un par de iluminados.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso