Dos estudios recientes han puesto en la agenda la necesidad de impulsar la filantropía en Chile. El Global Philanthropy Report, de la Universidad de Harvard, en colaboración con el Centro de Filantropía de la UAI, compara la filantropía institucional canalizada a través de fundaciones en 23 países del mundo. El estudio sitúa a Chile en el puesto 17 en gasto de fundaciones, por debajo de países latinoamericanos como Brasil, Colombia y México. Por otra parte, el Comité de Evaluación de la Ley, de la Cámara de Diputados, publicó un estudio sobre la ley de donaciones a universidades e institutos profesionales a 30 años de vigencia, mostrando que la filantropía en el país da señales de crecimiento, pero tiene “fallas de sistema”.

El sistema carece de la necesaria confianza para que florezcan aportes privados que no debieran tener un manto de duda por su origen, su motivación o el uso efectivo de sus recursos. En ello, existe una necesidad de avance en reportabilidad y transparencia, y de fortalecer instancias para la indispensable colaboración entre privados y sociedad civil, y entre sector filantrópico y sector público.

Otra falla relevante es la legislación dispersa y arbitraria en la materia, sobre la cual urge una modernización. El sistema establece importantes incentivos para los donantes y ha sido efectivo para allegar recursos privados a varios ámbitos sociales, pero en la práctica impide un acceso equitativo a los distintos actores sociales. En primer lugar, el donante, pero también el donatario, debe navegar por más de 50 cuerpos legales y una suma de circulares del SII, que encarecen el entendimiento del sistema.

En segundo lugar, no es equitativo con la participación de todos los actores sociales. Algunas legislaciones, por ejemplo, permiten a los empleados dependientes (2ª Categoría) contar con incentivos tributarios para donar a organizaciones sociales o a cultura, pero no así a las instituciones en las cuales estudiaron, siendo que los ex alumnos son la principal fuente de donaciones en Estados Unidos.

En tercer lugar, el sistema de incentivos excluye ámbitos relevantes para el desarrollo social, como medio ambiente o salud.

La baja equidad del sistema se ve reflejada también en la alta concentración de entidades que logran capturar donaciones: diez universidades logran el 90% del total de las donaciones. Se ha propuesto un fondo redistributivo de donaciones, instrumento ya probado en la ley de donaciones con fines sociales. La realidad muestra que la obligatoriedad de aportar a un fondo común produce una fuga de donantes, mientras que el establecimiento de mayores incentivos para quienes donen al fondo redistributivo ha resultado ser insuficiente para corregir esta concentración.

Es importante evaluar las posibles soluciones en una escala racional, para que sus efectos positivos (más donaciones para más entidades) sean mayores que sus efectos negativos (fuga de donantes). Desde este punto de vista, se requiere desarrollar capacidad y redes en las organizaciones donatarias para captar donaciones, evitando que dependan año tras año de un fondo concursable para ello.

Las fallas no se corrigen con medidas parciales. Se requiere una modernización de la legislación desde una política pública integral y equitativa, que facilite el desarrollo de la filantropía en Chile y fortalezca la participación de la sociedad civil en la construcción de bienes públicos.

Publicada en El Mercurio.