El domingo se produjeron elecciones legislativas en Finlandia. La Primera Ministra socialdemócrata, Sanna Marin, obtuvo un 19,9% de los votos. Salió tercera, detrás del conservador Petteri Orpo, que sacó un 20,8%, y de la populista Riikka Purra, que sacó un 20,1%. Otros seis partidos lograron representación parlamentaria.

Creemos que, a la luz del debate constituyente, es interesante comparar cómo se armará el nuevo gobierno en Finlandia, con régimen parlamentario, con la dinámica que tendría Finlandia si tuviera un sistema presidencial como el chileno y que el Consejo de Expertos no pretende cambiar.

¿Qué debiera ocurrir ahora en Finlandia? La primera mayoría de los conservadores les permitirá formar un gobierno. Como solo tienen 20,8% de los votos, no lo pueden hacer solos, sino que necesitan conseguir el apoyo de algo más del 29,2%. Las alternativas son al menos tres: una gran coalición con los socialdemócratas o una alianza con los populistas de derecha. En ambos casos requieren apoyos de algunos grupos minoritarios. Alternativamente, pueden buscar una alianza con casi todos los minoritarios.

Lo importante del mecanismo parlamentario es que el señor Orpo deberá liderar un proceso de conversaciones con los distintos partidos para saber si pueden llegar a un acuerdo de gobierno. Orpo no irá (solamente) a pedir que lo apoyen a él, sino que fundamentalmente necesita establecer un programa de gobierno común. Ese programa no será el original suyo, porque como solo tiene un 20,8% de apoyo, su programa no concita la mayoría. Para ser mayoría, deberá negociar un programa común con otras fuerzas políticas y designar un gabinete que contenga proporcionalmente las fuerzas de la mayoría naciente. Ese programa acordado será exactamente el que se llevará a cabo, porque el gobierno tendrá los votos necesarios para aprobarlo.

Si Finlandia hubiera tenido un modelo presidencial como el chileno, habría una segunda vuelta entre los conservadores y la ultraderecha. Tal como ha pasado en Francia, es probable que el centro y la izquierda voten masivamente por los conservadores y estos ganen cómodamente. El Presidente así electo podrá decir, como lo han dicho todos los presidentes desde Ricardo Lagos en adelante, que su programa original es legítimo. El Presidente electo y sobre todo su grupo de apoyo reclamarán que su programa debe llevarse a cabo porque es mayoritario (¿recuerdan cómo Apruebo Dignidad exigía al inicio del gobierno el cumplimiento del programa de primera vuelta?). En realidad, como les pasó a los presidentes Boric y Macron, una interpretación más precisa es que ese apoyo sería más un voto de rechazo al perdedor que uno de apoyo al ganador. Si Finlandia fuera Chile, el Presidente podría nombrar un gabinete desalineado de las fuerzas que lo apoyan —tal como fue el primer gabinete de Boric— y no habría forma de hacerlo cambiar de opinión. La forma de cambiar gabinetes es vía crisis.

El sistema parlamentario requiere diálogo y negociación en torno a un programa común, de manera que el ganador debe distribuir poder para armar su gobierno. Esa distribución del poder no le resta eficacia, porque dado que los votos están comprometidos desde un inicio, el programa sobre el cual se forma el gobierno se realizará. Es riesgoso prometer en vano, porque lo que comprometas en el programa se hará realidad.

En el sistema presidencial chileno, el Presidente no necesita distribuir poder para nombrar a sus ministros (recuerden el primer gabinete del Presidente Piñera o el de la Presidenta Bachelet). Pero el gobierno difícilmente podrá ejecutar su programa legislativo, pues no contará con suficiente respaldo en el Congreso. Los candidatos pueden prometer cualquier cosa, porque siempre se podrá después culpar al Parlamento en el que el gobierno no tiene mayoría y el sistema está bloqueado. Por lo mismo, el sistema presidencial es más vulnerable a aventureros políticos, que aprovechando una oportunidad de popularidad cualquiera puedan llegar a la presidencia.

Cuesta entender, en este contexto, que en un par de semanas y solo habiendo tenido una audiencia para discutir un modelo parlamentario, el Comité de Expertos haya prácticamente tomado ya la opción presidencial.

* Publicado en El Mercurio junto a la decana de Derecho UAI y los profesores UAI Antonio Bascuñán y Javier Wilenmann, además de los firmantes: María Cristina Escudero Guillermo Larraín, Roberto Pastén, Javier Sajuria y Klaus Schmidt-Hebbel.