El gran acierto del gobierno fue instalar un proyecto que conectó con el sentido común y generó un respaldo ampliamente mayoritario. Como lo ilustra una reciente encuesta Cadem, cerca del 70% de la población apoya el objetivo central de Aula Segura: dotar a los directores de establecimientos educacionales de las herramientas para expulsar a alumnos comprometidos en actos de violencia extrema.
Con todo, el clima de opinión pública no fue obstáculo para que un sector de oposición intentara desfigurar el proyecto, buscando que el gobierno no obtuviera una victoria en tema de alta sensibilidad. En efecto, los senadores de la Comisión de Educación modificaron la iniciativa hasta hacerla perder su sentido original, lo que dejó al gobierno en un impasse donde incluso se evaluó la alternativa de retirarla. Al final, fue la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta la instancia donde los senadores de oposición asumieron la necesidad de rescatar el proyecto y, de paso, no pagar el costo de echar abajo una materia con amplio respaldo social.
Las señales del proceso legislativo desarrollado hasta aquí –aún falta la compleja y heterogénea Cámara de Diputados- resultan aleccionadoras: las dos almas opositoras siguen siendo una realidad persistente, que hace difícil la interlocución y los acuerdos pero también brinda oportunidades al gobierno. Entre la lógica del puro obstruccionismo y la colaboración acotada hay matices importantes, que se vuelven decisivos a la hora de salvar o hacer caer un proyecto. De ello surge una derivada obvia: depende del diseño y manejo político del gobierno tener la capacidad de usar a su favor los disensos estratégicos que hoy recorren el arco opositor. Incluso disputas de liderazgo de corto alcance –en este caso, entre Yasna Provoste y Jorge Pizarro en la bancada DC- pueden terminar siendo administradas y funcionales a los intereses del Ejecutivo.
La otra huella dejada por este trámite es complementaria a la anterior, pero sin duda menos positiva para el oficialismo: un gran “facilitador” del gobierno en esta instancia fue el amplio respaldo público a dicha iniciativa, algo por lo general infrecuente o menos visible. En rigor, en la discusión de las principales reformas que vienen por delante –tributaria, laboral y de pensiones- no habrá un apoyo social tan marcado y explícito a las posiciones del Ejecutivo, es decir, una de las variables centrales que en esta oportunidad permitió inclinar la balanza, no tendrá un peso significativo o simplemente no existirá.
Desde el punto de vista legislativo, es el próximo año cuando el gobierno se juega la viabilidad de sus principales reformas, ya que el subsiguiente se reinicia el ciclo electoral y las cosas se pondrán cuesta arriba (sobre todo para un gobierno con minoría en ambas cámaras) y con la incertidumbre que suponen los efectos sobre el sistema político de la primera elección de gobernadores regionales. En ese escenario, las lecciones y aprendizajes dejados por Aula Segura serán relevantes para que la división opositora y el peso relativo de la opinión pública no impidan que el gobierno saque adelante las reformas decisivas para su proyección política.
Publicado en La Tercera.