Una de las primeras medidas del fallecido Presidente Aylwin fue la formación de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, la que comprobó tal fenómeno, y para su combate se emitió el ya antiguo DS 211 (1991), donde se establecieron originariamente las normas de emisiones de vehículos motorizados livianos y se dio origen al famoso sello verde -vigente desde el 1 de septiembre de 1992-, que en condiciones iniciales normales permitía circular en la región aludida aunque existiera restricción vehicular.
Esta norma, como era de esperar, ha sido numerosas veces intervenida a lo largo de los años, por modificaciones que se contienen en algo más de 13 decretos que la afectan, pero en esencia los cambios que han endurecido los requisitos de su tenencia siempre han afectado a partir del primer permiso de circulación o primera inscripción del respectivo vehículo, de modo que quienes ya lo tienen no se vean perjudicados por estos cambios en las reglas del juego, debiendo sus usuarios siempre mantenerlos en pleno cumplimiento de las condiciones de emisiones que establece la norma, conforme a las revisiones especializadas realizadas en las plantas de revisión técnica a las que acudimos -siempre tardíamente- en las épocas que corresponden.
Este derecho a circular para estos vehículos en períodos de restricción fue afectado el año 2001 (DS 20), imponiéndoseles la restricción vehicular por causa de contaminación atmosférica en episodios de Preemergencia y Emergencia Ambiental, lo que generó numerosas impugnaciones en sede constitucional, judicial y contralora, todas las que no prosperaron en esos años.
Antes de ayer, nos recordaba este mismo diario que estamos a 57 días del debut del nuevo plan de descontaminación de Santiago, que impondrá la restricción vehicular a cerca de 1,1 millones de autos con convertidor catalítico que cuentan con su correspondiente sello verde y que hayan sido vendidos con anterioridad al mes de septiembre de 2011. Habrá sellos verdes mejores que otros, sin que aún podamos entender cuál es la razonabilidad de la diferencia entre un vehículo inscrito en agosto de 2011 y otro en septiembre de ese mismo año.
Lo cierto es que muchos ciudadanos que han hecho el serio esfuerzo de adquirir un auto con sello verde para eludir la restricción vehicular y arrancar del Transantiago, vuelven a ser restringidos en su uso, bajo este instrumento ambiental, cuando lo que verdaderamente se está tratando de combatir es la congestión que padecemos cada día laboral y que desde luego se ha incrementado desde febrero del 2007, con el aumento explosivo en el parque vehicular producido como una de las tantas consecuencias impensadas de esta política pública de transporte público. Sería más honesto e igualitario avanzar derechamente en la tarificación vial (congestión) y mantener el goce del derecho que produce el sello verde.
Esta nueva restricción producirá efectos que no necesariamente se han aquilatado. Desde luego, se está generando, sin ninguna razón consistente, una alteración del mercado automotriz, pues los autos de septiembre de 2011 en adelante tendrán un valor exógeno a su desgaste y consideración del mercado solo porque el sello verde de ellos es más verde que el de los años anteriores. Adicionalmente, la implementación de esta medida vuelve a generar un peligroso estímulo al incremento del parque automotriz, ya que donde había un auto, tendremos dos, y donde había dos, habrá tres. La ecuación del sacrificio de la adquisición de un nuevo auto está dada por el sufrimiento real y personal del uso del transporte público y ello implica que mientras no recuperemos la dignidad del pasajero (en comodidad, puntualidad, respeto, costo y servicialidad), este siempre tiene un exponencial que lo alienta a buscar su solución en la adquisición de un nuevo vehículo.
Mientras no exista una corrección real de la alternativa de un transporte público que rescate dignidad en el ciudadano y en quienes trabajan en este sistema, todos tienen el sano derecho a reclamar, porque una decisión estatal administrativa que les dio un derecho ahora se los quita, sin retribución y sin mucha razón explicada. Sería prudente dar explicaciones serias, pues muchos ciudadanos, confiando en el Estado, hicieron inversiones que muchas veces han sostenido con créditos financieros que implican sacrificio familiar para la compra de ese auto que devuelve horas de sueño y mejor calidad de vida.
Lo que está pasando trae a la memoria la vieja discusión de los derechos adquiridos, que en su formulación de la década del 60 sostenía que en derecho público no existen tales derechos, circunstancia que luego enderezó la doctrina y los jueces, pero que ahora como práctica vintage, traemos de nuevo en perjuicio de todos. Al final, como en Fuenteovejuna, el culpable de la muerte del comendador de Calatrava también es el Transantiago.