Cuarenta diputados pagaron un total de 169 millones de pesos en asesorías e informes que básicamente copiaron y pegaron información que está disponible en la web. Es decir, los bien pagados asesores no solo fueron flojos en crear valor agregado, sino que además violaron los códigos éticos -y probablemente legales- de la propiedad intelectual. No hay pecado en citar lo que otros han escrito. Basta con señalar de dónde proviene la información. Lo demás es plagio. Estudiantes reprueban sus ramos y las universidades activan causal de eliminación por esta razón. Esto sin mencionar ciertas asesorías que presentan un nivel escolar.
Hay dos hipótesis al respecto. La primera es que los congresistas afectados no conocían los vicios metodológicos de sus asesores. Es decir, fueron descuidados o negligentes. Le dieron más importancia a la afinidad ideológica que a examinar la rigurosidad profesional de sus colaboradores. La segunda es que los congresistas sabían que el trabajo solicitado era de pobre calidad -o derechamente plagiado pero aquello nunca fue relevante: lo importante era financiar a los amigos y los cercanos. Es decir, obraron de mala fe con dineros públicos. En una de esas, la plata volvía a manos de los mandantes. La fiscalía investiga si existieron triangulaciones truchas.
Nuestros legisladores han tratado de justificarse. Por ejemplo, Osvaldo Andrade dijo que le daba lo mismo si los informes eran copiados mientras fueran útiles. Desde el Senado han acusado a la fiscalía de extralimitarse en su afán persecutorio. No quieren entregar los informes solicitados, en circunstancias que han sido pagados con plata de todos los chilenos y debiesen ser documentos públicos.
Dada la reacción corporativa de los acusados -entre los que se incluye el candidato Guillier, que va de tumbo en tumbo- los anuncios de reforma deben ser recibidos con escepticismo. Por supuesto que sería buena idea contar con un cuerpo cada vez más profesional y especializado de asesores parlamentarios, como en los poderes legislativos del mundo desarrollado. Pero eso significaría dejar sin pega a socios y operadores. Significaría perder el control sobre las platas. Significaría iluminar una conveniente opacidad. Por lo anterior, es previsible que busquen bloquear la investigación mientras siguen cavando su propia tumba reputacional.
Hubo una vez un sitio web donde los porros iban a buscar trabajos ajenos para presentar como propios. Se llamaba el Rincón del Vago, pues reconocía humorísticamente las características del usuario promedio: flojo, displicente e improvisador. Son las mismas características que recompensa una parte del Congreso nacional.
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