Durante el actual gobierno, cada vez que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de alguna de sus reformas emblemáticas, importantes actores del oficialismo han señalado a dicha instancia como un enclave antidemocrático, una tercera cámara que tuerce la expresión de la voluntad popular; ‘perros guardianes’ del pinochetismo, como los llamó esta semana un senador socialista.
Lo curioso es que durante el gobierno anterior -cuando eran opositores-, parlamentarios de la ex Concertación recurrieron en diez oportunidades al Tribunal Constitucional, buscando precisamente que proyectos aprobados por una ‘mayoría democrática’ fueran declarados inconstitucionales. Es decir, cuando se trató de que leyes sacadas adelante por sus adversarios fueran declaradas contrarias a la Carta Magna, al parecer no hubo impedimento ético ni político para recurrir a los ‘perros guardianes’.
Mientras veía naufragar la titularidad sindical, la Nueva Mayoría debió también concurrir hasta las oficinas del Servicio Electoral a inscribir las primarias legales para designar a sus candidatos a alcalde. La presidenta del PS, Isabel Allende, llegó después de la hora límite y los partidos no presentaron a tiempo la totalidad de la documentación exigida. Decidieron, entonces, acusar a la entidad inscriptora de errores administrativos y de actuar al margen de la ley, por lo que presentaron una reconsideración que, inexplicablemente, tampoco llevaba la firma de todos los requirentes. En un tercer intento, los partidos de gobierno entregaron un documento cuya primera página iba dirigida a la directora subrogante y sus últimas a los integrantes del Consejo. Fue un problema de ‘copy-paste’, se dijo.
Con el paso de los días, la verdad del episodio ha ido finalmente saliendo a la luz: los partidos oficialistas no tenían listo el acuerdo electoral al momento de concluir el plazo de inscripción, por lo que no encontraron nada mejor que culpar al Servel de las consecuencias de su propia desprolijidad, con la esperanza de conseguir una extensión del plazo que no fueron capaces de cumplir o derechamente de eludir del todo el compromiso político de efectuar las primarias.
Las dos circunstancias descritas son de naturaleza distinta, pero tienen algo en común: la fría y calculada determinación de culpar a instituciones relevantes del país de errores políticos y administrativos propios. No es el Tribunal Constitucional responsable si el gobierno presenta, y una mayoría parlamentaria aprueba, un proyecto de ley contrario al ordenamiento jurídico. Salvo que el oficialismo pretenda que una mayoría parlamentaria -sólo la suya- tiene derecho a aprobar proyectos contrarios a la Constitución.
En el bochorno de la Nueva Mayoría ante el Servel se dio la misma lógica: los partidos que incumplieron el plazo y no llegaron a tiempo con un acuerdo electoral buscaron responsabilizar a dicha institución de sus faltas. Deliberadamente se intentó ocultar negligencias y desprolijidades, desplegando un manto de cuestionamiento a la gestión de una institución clave para el sistema democrático.
En definitiva, las reglas del juego se aceptan y respetan cuando sirven para ganar. Al contrario, cuando obligan a perder se las cuestiona en su legitimidad y se pone en duda su desempeño. Es una forma de hacer política tremendamente irresponsable, que está contribuyendo de manera decisiva al deterioro de las instituciones y cuyas consecuencias, lamentablemente para el país, son fáciles de prever.
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