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Reemplazo en huelga según la Corte Suprema

16 de marzo 2016 Noticias

Decano Escuela de Gobierno

El Mercurio

Señor Director:

En una columna reciente, el académico Luis Lizama expresa su preocupación por las implicancias de un fallo de la Corte Suprema según el cual la huelga sería un derecho que puede ser ejercido al margen de la negociación colectiva regulada en el Código del Trabajo.

Más preocupante es que el fallo no se queda solo ahí. En plena discusión legislativa de la reforma laboral, la Suprema aprovecha de notificar su oposición a cualquier forma de reemplazo en huelga. Señala: “Si la huelga es un derecho fundamental, entonces, las medidas empresariales que lo limitan, como el reemplazo en sus dos versiones -contratando foráneos o moviendo internos-, deben ser miradas como afectaciones que deberían eliminarse”.

Curiosa lógica. Supone que del reconocimiento de un derecho (a huelga) se desprendería un ejercicio irrestricto del mismo. Con la misma vara, uno podría concluir lo contrario que la Suprema. Bastaría invocar que el derecho constitucional a ejercer una actividad económica tampoco podría ser afectado en grado alguno.

Ambos extremos son absurdos. Lo son porque el tema de fondo es que los derechos no pueden plantearse de forma absoluta, sino que deben ser conciliados con otros derechos con los que entran en conflicto. 

Dicha conciliación es propia de la ley y de la deliberación democrática que le da forma. Es lo que sucede en la discusión de la reforma laboral en el Congreso. A uno podrá gustarle más o menos cómo ahí se ponderen los distintos derechos en juego, pero de eso se trata la democracia mientras no viole la Constitución. Y, de existir vicio constitucional, son las instancias pertinentes las que deben refrendarlo y la ley modificarse en consecuencia en el Congreso. El rol de los tribunales es aplicar esa ley. No definir de antemano, según sus preferencias, el extremo hacia el que la balanza debe inclinarse. De lo contrario se erigirían en colegisladores, arrogándose un rol que es privativo de los representantes electos. Ello atentaría contra la separación de poderes y la democracia.

En este sentido, sorprende también la miopía de algunos sectores políticos que se apuran en aplaudir el fallo de la Suprema sin detenerse en las implicancias adversas de largo plazo para la democracia que dicen defender.

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