¿Soy “patipelada”? La pregunta quedó resonando luego de que la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, decidiera que todos quienes critican temas para ella sensibles, como la dieta parlamentaria y la calidad de su trabajo, son “patipelados”.
El concepto está acuñado por la Real Academia Española de la Lengua, que lo define como “persona carente de toda clase de recursos”. ¿Qué clase de recursos? La entidad no entra en ese tipo de detalles, aunque uno podría aventurarse a pensar que no se trata solo de capitales económicos, sino de inteligencia, carisma y tino.
No queda claro si Van Rysselberghe conoce el significado del término y qué quiso decir con él. Porque de acuerdo a sus disculpas públicas, se refería a quienes querían instalar la violencia en torno al debate político. Sin embargo, no parece que ese tipo de ciudadano quepa en la acepción de la RAE. Lo que sí puede caber es la falta de sentido común de una parlamentaria que denosta a quienes no están de acuerdo con sus posturas y, además, se victimiza frente a quienes critican la labor de “los servidores públicos”, exigiendo respeto a viva voz. Un respeto que ella no tiene frente a los “patipelados” que entregan el voto cada cuatro años.
Este tipo de actitudes son las que hacen que anuncios como el realizado por el Presidente Sebastián Piñera, en cuanto a disminuir la cantidad de parlamentarios, parezca más brillante de lo que en realidad es. Porque cuando los congresistas demuestran que no están a la altura del cargo, entonces se hace fácil pensar en prescindir de ellos.
Sin embargo, la medida parece más populista que de fondo, precisamente en un momento en el que el Mandatario cae bajo el 30% de respaldo ciudadano –según la encuesta Criteria Research dada a conocer esta semana- y su desaprobación muestra un semáforo rojo por parte de los consultados, marcando casi un 60% de rechazo a su gestión.
Pero si lo que realmente está detrás de esta premisa es mejorar la aprobación del Congreso, entonces las vías son muchas y ciertamente un Parlamento que continúe con las mismas malas prácticas y vicios, pero con menos representantes, no tiene ningún sentido. Aunque el Mandatario pueda subir un par de puntos con el anuncio, no ayudará en nada al buen funcionamiento de la institución.
¿Por qué no centrarse en las malas prácticas más que en el número, considerando que no ha pasado ni un periodo completo desde que por primera vez se aumentó el Congreso de 158 a 198 representantes? Las posibilidades daban para mucho más. Bien podría haberse concentrado en el límite a la reelección –hay diputados que han hecho de esto su vida y que están allí desde 1990, con una no despreciable suma de casi 30 años en el cargo- o en el aumento de las sanciones para los parlamentarios que no se comporten a la altura del cargo, como la misma Van Rysselberghe o –en otras ocasiones- Ignacio Urrutia, Pamela Jiles, Fidel Espinoza y un lamentable largo etcétera.
También podría haberse centrado en un tema que le habría generado tanto o más respaldo ciudadano: la disminución de la dieta parlamentaria, que hoy alcanza a más de 20 sueldos mínimos (dependiendo de qué se incluya dentro de ese concepto) y que es considerado por la ciudadanía como una burla, frente a una clase media que concentra a más del 80% de la población y que en promedio tiene sueldos cercanos a los 600 mil pesos.
Pero aquí aparece otro problema: no existe un tercer ojo independiente, que pueda tomar decisiones respecto de los cambios en el sistema de funcionamiento del Parlamento. Son los mismos diputados y senadores los que deben discutir y votar este tipo de definiciones que los afectan –a ellos y sus bolsillos- y ante los cuales son jueces y parte. ¿Cuántos de quienes leemos esta columna estaríamos dispuestos, con la mano en el corazón, a disminuir nuestro sueldo a la mitad o a definir que luego de determinados años debemos ser reemplazados en nuestros trabajos?
Finalmente, estos cambios requieren de reformas constitucionales para las cuales el gobierno no tiene mayoría absoluta en ninguno de los hemiciclos, con lo que su aprobación se hace virtualmente imposible.
Frente a lo anterior, surgen entonces voces que reviven la idea de una asamblea constituyente, que piense en cómo revitalizar una Constitución anquilosada y deslegitimada. Quizás esa sería una fórmula para discutir temas como la duración del mandato parlamentario, las reelecciones y las dietas, sin tener velas en el entierro y, por otro lado, sin ser tildados de “patipelados”.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso.