A pesar de la desprolijidad con que se definió el proyecto constitucional de Michelle Bachelet, redactado entre cuatro paredes y sin previo aviso a sus socios partidarios; a pesar de que contamos con un nuevo Gobierno, más preocupado de resolver problemas acuciantes como la institucionalidad del Sename o el financiamiento de la gratuidad universitaria; a pesar de todo eso, me parece, el impulso constitucional no ha desaparecido del todo.
El ministro Andrés Chadwick señaló en un evento en Icare que el Gobierno no deseaba que el “proyecto de nueva Constitución” de Bachelet avanzara, sin quedar del todo claro si eso significaba cerrar la puerta a la creación de otro pacto constitucional. El Presidente Sebastián Piñera, por su parte, fue más claro: “Una Constitución tiene que unir a los chilenos, tiene que ser un gran marco de estabilidad, de proyección, de certeza, y para eso se requiere que sea en base a un gran acuerdo”. Sin entrar en el objetivo político exacto de la frase, de ella se desprende que cabe la posibilidad —no se sabe cuándo— de que el gobierno de Piñera incentive efectivamente la creación de aquel acuerdo constitucional.
Ahora bien, ¿de qué forma conseguir que las partes que juegan en el campo de lo político consigan ponerse de acuerdo en lo que, para muchos, es un laberinto sin salida? Me permito volver a plantear la idea —elaborada junto a un grupo de académicos de distintas disciplinas, y cuyas principales conclusiones saldrán publicadas prontamente por la editorial Catalonia— de retomar como pilar la Constitución de 1925, esa que para 1973 contaba con un alto y transversal grado de legitimidad (es cuestión de ver los discursos parlamentarios de fines de agosto de ese año) y que, sin embargo, fue radicalmente desechada luego del golpe militar.
No se trata, como han planteado algunos opositores a la idea, de volver al año 25. Más bien, y como señala Joaquín Trujillo en uno de los capítulos del libro, se debe utilizar la Constitución de 1925 como un símbolo que dé sustento al acuerdo que hoy se nos propone. Muchos de sus artículos serán suprimidos por no cumplir con las necesidades actuales de la sociedad chilena; otros tantos de la carta de 1980 deberán respetarse, como la autonomía del Banco Central, la segunda vuelta presidencial o el recurso de protección. Pero al menos tendremos un mínimo común para avanzar hacia el futuro.
Retomar la Constitución de 1925 como un símbolo permitiría retrotraernos a la tradición constitucional chilena iniciada en los albores de la república y que evolucionó mediante sucesivas reformas durante las décadas siguientes. Para los grupos conservadores y liberales clásicos que creen en el pensamiento de Edmund Burke, ello no puede sino ser una buena noticia.
Publicado en La Segunda.