El estado de excepción constitucional terminó el 30 de septiembre. En el ámbito judicial, ello supone, entre otras cosas, la reanudación de los términos probatorios y de las audiencias de prueba suspendidas por la Ley 21.226, lo que -como sabemos- ha generado que parte importante de las causas civiles se encuentren virtualmente paralizadas.

Lo anterior hace prever un escenario extremadamente complejo para los tribunales. En efecto, el propio Poder Judicial ha llamado la atención sobre un eventual colapso de la justicia civil, pues al ingreso normal de causas se sumarán aquellas que dejaron de ingresar durante la pandemia.

Un proyecto de ley presentado en 2020, destinado precisamente a enfrentar la situación luego que el estado de excepción constitucional terminase, aún sigue en tramitación parlamentaria, por lo que esas medidas no podrán aplicarse en el corto plazo. A ello se suma una nueva propuesta legislativa -recientemente aprobada- que prorroga la suspensión de las audiencias hasta el 30 de noviembre, lo que a nuestro juicio, solo hará que el escenario se complejice aún más.

En definitiva, estamos ad portas de la reanudación de la actividad judicial sin que exista normativa alguna que pueda hacerse cargo del manejo de las causas civiles y, en particular, del desarrollo de los términos probatorios y el agendamiento de las audiencias de prueba, reactivación que en virtud del proyecto recién presentado será a solicitud de parte, sin que sepamos, por ejemplo, bajo qué criterios cada tribunal priorizará su agendamiento.

En fin, ante la continua incertidumbre y falta de una regulación completa y oportuna para hacer frente a lo que se avecina, parece que solo cabe apretar los dientes.

Publicado en La Tercera junto a  Macarena Vargas Académica Facultad de Derecho UDP