La crisis social desatada el 18 de octubre ha puesto al gobierno ante tres imperativos paralelos: orden público, agenda social y nueva constitución. El desafío en materia de gestión política es colosal y la principal dificultad es que no se puede abordar una sola de estas prioridades, sin mostrar algún avance en las demás. En rigor, será muy difícil resolver el grave problema de orden público que hoy afecta al país sin mostrar resultados convincentes en la agenda social y constitucional. A su vez, muy poco de lo que se logre en estas áreas de mediano plazo tendrá impacto si los trastornos y desmanes que afectan la vida de los ciudadanos se mantienen como hasta ahora.
La situación del Ejecutivo es crítica, el respaldo a su gestión está en el suelo y el espectro traumático de las violaciones a los derechos humanos lo tiene al borde de la parálisis. Esta semana, los grupos organizados que operan la violencia callejera dieron un giro táctico relevante: moverla hacia los sectores altos de la Santiago, desplazar el eje de destrucción y descontrol urbano hacia barrios sensibles para la élite. Fue, sin duda, una jugada que responde a un diseño sociológico nítido, es decir, donde está claro quién debe ser la víctima de la vulnerabilidad. Ello le ha dado, a su vez, otra dimensión al fracaso del gobierno en su intento por neutralizar la violencia.
Donde se observan los mayores avances es en la agenda social. La gestión del nuevo ministro de Hacienda ha otorgado una impronta renovada al esfuerzo por generar acuerdos con los sectores moderados de oposición. El problema es que, en el actual cuadro de debilidad, el gobierno tiene un margen casi nulo para mantener sus convicciones en las distintas reformas en curso. El caso del reciente acuerdo en materia tributaria es un delicado precedente, como también lo es la decisión de dejar avanzar el proyecto de las “40 horas” impulsado desde la bancada comunista.

Pero es en materia constitucional donde el gobierno denota un mayor grado de improvisación y ausencia de diseño. Mientras el presidente todavía habla de “reformas a la Constitución”, el apoyo a un proceso constituyente crece y se consolida. Sin ir más lejos, esta semana el líder de RN -Mario Desbordes- dio señales muy sustantivas en esa dirección, lo que anticipa un escenario de tensiones y desacuerdos no menores al interior del oficialismo. La iniciativa de un gran número de alcaldes a favor de una consulta ciudadana sobre el cambio constitucional, dejó también al gobierno descolocado, forzándolo a un giro sobre la marcha en el tratamiento del tema.
¿Qué rol jugó la convocatoria al Cosena en toda esta compleja trama de dificultades? Ninguna, salvo confirmar que el gobierno no logra dar aún con una fórmula que le permita empezar a resolver los problemas de orden público. Dicha decisión implicó situar ese desafío en el marco de una amenaza a la seguridad nacional, lo que sin embargo no se tradujo en ninguna medida concreta. Al final, no pasó de ser una instancia que solo evidenció una conducta errática.

Con todo, a favor del gobierno y del presidente puede decirse que nada ni nadie está preparado para una crisis de esta envergadura; que es imposible tener un diseño prolijo para un escenario como el actual y que, al menos hasta ahora, no se ha caído en la tentación populista de hacer ofertas sin sustentabilidad técnica y financiera. Hasta aquí, la lógica de los bonos, tan usada en otros tiempos para salir al paso de las dificultades, no ha tenido cabida. Quizás también, porque se entiende que el problema hoy enfrentado es mucho más de fondo, y que sobre él planea la amenaza enorme de un segmento social y político, que abiertamente ha apostado por la desestabilización y la caída del gobierno.

Publicado en La Tercera.