El año 2007, David Cronenberg, un destacado director de películas canadiense, estrenó una película muy cruda, que se ha transformado con los años en un verdadero ícono del género gansteril: Promesas del Este. Las promesas de la mafia y el poco valor que ellas representan están en la mayoría de los minutos fílmicos de este clásico.
Hoy lo traigo a cuento, porque estamos, poco a poco, tomando conciencia de que entramos a un año electoral que, con presidencial de por medio, involucra a toda la Cámara de Diputados y parcialmente al Senado, y por lo mismo, los incumbentes actuales y los que pujarán por un cupo comenzarán a desplegar un abanico de promesas que ni ellos ni las nuevas autoridades podrán fácilmente cumplir.
Es que cualquier atento lector de los diarios de las últimas semanas verá que se ha tornado frecuente ver en las páginas de los principales medios, noticias, artículos, editoriales o columnas que anuncian un final nada halagüeño en la película del gasto público en un año de elecciones y menos, en su segunda temporada, que es el presupuesto público del año 2018.
Un primer actor de esta epopeya fílmica que está comenzando es el endeudamiento público y las nubes que comienzan a amenazar el buen clima que por largo tiempo tuvieron las cuentas fiscales. Se nos ilustra que el Estado ha continuado persistentemente incurriendo en déficits fiscales que han ido en constante aumento pasando del 0,6% del PIB en 2013 al 2,8% en 2016, lo que se ha reflejado en la deuda pública que ha crecido desde el 12,7% del PIB en 2013, al 21,5% en marzo de este año. Todo este desajuste ha terminado por amenazar la clasificación país, que al final de cuentas provocará que todo el dinero resulte más caro para todos, golpeando como siempre mucho más a los que tienen menos.
Otro personaje que aparece en esta trama es el desempleo que se incrementa al 7%, con una aparente buena noticia, que implica un alza en el empleo asalariado, pero cuando se le hace el doble click a esta categoría, se revela que ello ocurre porque el impulso lo produce el sector público, es decir, no es la economía la que crece, es el Estado y sus funcionarios. Las cifras del INE (trimestre marzo-mayo) nos muestran que hay un incremento de 52.676 trabajadores asalariados del sector público (alza de 6%) y solo 12.608 del sector privado (aumento de solo un 0,3%), lo que implica que de la creación anual de empleo asalariado en el último año, el 80,6% fue del sector público. Dicho de otro modo, 8 de 10 empleos fueron creados por el Estado, en el variopinto mundo que representa el denominado sector público.
Lo anterior se torna aún más complejo porque este sector y sus remuneraciones han duplicado el alza de salarios respecto del promedio nacional y los han subido alrededor de un 9,7% en los últimos 12 meses, por sobre el 4,4% del indicador global, circunstancia que no es siquiera relevante para quienes dirigen las organizaciones del sector que anuncian que tal cifra es engañosa y que en nada atenúa las exigencias que serán formuladas en la próxima negociación de reajuste de remuneraciones del sector público: ¿cuál es el incentivo de un gobierno saliente en atenuar estas exigencias? ¿Cuál es el incentivo de los incumbentes electorales en contener o contenerse de acompañar estas peticiones?
Además, debemos dar cuenta de que hay actores impensados en esta trama, que han alentado la verdadera inamovilidad que supone el vínculo laboral público, en cualquiera de las categorías que reconoce el ordenamiento administrativo. Hay precisas decisiones jurisdiccionales y administrativas que han mutado las vinculaciones transitorias en permanentes, de manera que -de facto- cada nuevo puesto acarrea una permanente determinación presupuestaria para los años que vienen. Alrededor del 80% del presupuesto de los servicios está destinado a gastos de personal, y el saldo, a otros gastos permanentes, de modo que en la realidad el margen de gastos innovativos solo está dado por la recuperación de la eficiencia o la mutación de las prioridades del servicio, que conllevan, como es evidente, abandonar gastos que actualmente se realizan.
Pero los actores principales de esta trama presupuestaria son los candidatos presidenciales. Ellos heredarán el próximo gobierno con una pesada mochila, que son los gastos comprometidos por la actual administración, que son superiores a los ingresos proyectados para los próximos tres años, lo que eufemísticamente denominan “holguras negativas” de la economía chilena. Se dice que quien llegue al final de la carrera que está comenzando debe asumir gastos para los cuales, hasta ahora, no hay recursos disponibles, y que para algunos corresponden a 1.793 millones de dólares, y, para otros, pueden llegar a 4.156 millones entre el 2018-2020.
Como se ve, los actores que quieren jugar este rol presidencial están llamados a ordenar a los demás personajes de esta intrincada película. Atenuar expectativas y racionalizar prioridades. Identificar las urgencias, ofrecer lo posible y estar dispuestos a convenir con muchos el abordaje diferido de expectativas y nuevas escenas que ofrece este filme que se estrena en marzo del año que viene. Tienen la oportunidad de cumplir las promesas que hagan o consignar ofertas ferroviarias inalcanzables que solo terminarán por deprimir aún más la débil confianza que el ciudadano merece recuperar. Afortunadamente, los muchos difuntos que atraviesan la película que comentamos son solo eso, muertos fílmicos; en cambio, las sucesivas e incumplidas promesas que pueden hacerse los meses que vienen pueden terminar por sepultar las expectativas que requieren los ciudadanos. Todos debemos cuidarlas y prometer solo lo que se puede cumplir.