Esta semana cobró vida la discusión respecto de la posibilidad de que el gobierno presente una reforma constitucional que elimine el fuero parlamentario, prerrogativa de los congresistas que consiste –de acuerdo a la biblioteca del Congreso- en “un beneficio de índole puramente procesal que permite que un diputado o senador no pueda ser procesado o privado instantáneamente de su libertad, sin que antes exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva, a menos que se trate de un delito flagrante”.
Se trata de un derecho de larga data y que pretende resguardar la independencia del trabajo parlamentario ante presiones externas, de otros poderes del Estado o de instituciones y personas que pudieran poner en riesgo su libertad a la hora de debatir y votar las leyes. Lo anterior es esencial para un buen funcionamiento de la democracia.
En la práctica, sin embargo, el fuero se ha convertido en un arma de doble filo. Por una parte protege, pero a la vez, ha hecho difícil la persecución de delitos posiblemente cometidos por parlamentarios y que nada tienen que ver con sus funciones legislativas o de representación.
Si bien ha habido casos en los que los tribunales han acogido la petición de desafuero –quizás el más emblemático, el de Augusto Pinochet cuando regresó de Londres-, también han sido varias las situaciones relacionadas con mal uso de bienes o recursos públicos y otros, respecto de los cuales la justicia no ha podido actuar.
Porque pese a que en la teoría el fuero no implica impunidad, lo cierto es que sí complejiza el proceso en contra de un parlamentario, entregándole una instancia previa de decisión que el resto de los chilenos de a pie no tienen. Y he ahí el problema. En un momento de la historia de nuestro país en que la ciudadanía castiga fuertemente los privilegios y el mal uso de estos, no se entiende que los diputados y senadores tengan un trato distinto ante la justicia.
Ahora, esta discusión no es nueva. Ya en 2015 el diputado Vlado Mirosevic presentó un proyecto que planteaba terminar con el fuero y ese mismo año, el entonces presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, planteó modificar la legislación, a la luz de casos como Penta y SQM. Pero nada ha pasado desde entonces.
Ahora, el gobierno plantea generar cambios no solo al fuero, sino también a la inviolabilidad parlamentaria, conceptos que son distintos. Tal como señaló esta semana el senador DC Francisco Huenchumilla, “los parlamentarios gozan de ciertos estatutos especiales desde el punto de vista jurídico, no para darles un privilegio, sino una fortaleza frente al ataque de los poderosos, de tal manera que puedan tener la libertad para opinar, para votar, para criticar, para fiscalizar, sin verse expuestos a que por alguna de esas críticas alguien pueda dejarlo callado, mandarlo a los tribunales. Esos privilegios procesales hay que verlos bajo ese punto de vista. Están para fortalecer la labor parlamentaria y no para darles un privilegio”.
El tema apunta a que –desde esa óptica y atendiendo la negativa ciudadana a permitir privilegios en la clase política- se justifica la existencia de la inviolabilidad, pero no del fuero. La primera se trata –de acuerdo a la biblioteca del Congreso- de “una excepción al principio de igualdad ante la ley que hace que los senadores y diputados sean inviolables por las opiniones y votos que emiten tanto en las sesiones de sala como en las comisiones, resguardando de esa manera la libertad de expresión en los cuerpos legislativos”.
Sin embargo, este derecho tampoco ha sido bien utilizado por algunos congresistas. Casos ha habido muchos en el último tiempo, como –por ejemplo- cuando el UDI Ignacio Urrutia trató de “terroristas” a los exiliados o cuando el PS Fidel Espinoza trató de “momia conchesumadre (sic)” a la UDI María José Hoffmann. ¿Podría considerarse que aquello cabe dentro del trabajo parlamentario? Ciertamente no.
El tema es cómo regular la acción parlamentaria, evitando las “salidas de libreto” y los insultos, pero sin entorpecer su trabajo, por ejemplo, en el marco de la fiscalización a otros poderes públicos. ¿Qué pasa por ejemplo, en torno a una interpelación o acusación constitucional?
La lógica apunta a que un privilegio como el fuero hoy no tiene sentido, sin embargo, respecto de la inviolabilidad parlamentaria urge una mayor creatividad en términos mantener su vigencia, protegiendo así el trabajo parlamentario, pero delimitando su uso, por ejemplo a actos de fiscalización, de modo que no se dé un chipe libre para que diputados y senadores denosten e incluso injurien a cualquiera, escudados en este derecho.
Publicado en El Mercurio de Valparaíso.