Chile B
Como es de conocimiento público, otro “escándalo” afectó al Congreso. Nos referimos a los préstamos blandos a los diputados (Marisol Turres, Jaime Pilowsky, Claudio Arriagada, Diego Paulsen, Yenny Álvarez y Cristián Campos) y senadores (Navarro, Orpis), hasta en 28 cuotas sin intereses ni reajustes. Todo ello, por supuesto, dentro de la más estricta legalidad. Era una práctica habitual desde el regreso a la democracia, según se nos dijo. La suma total hasta donde se sabe, alcanzó los 104 millones de pesos. A un diputado en particular se le otorgaron seis créditos por la suma total de 44 millones de pesos, en los períodos 2013-2014, es decir, no estamos hablando de simples adelantos del sueldo.
Obviamente el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez realizó una defensa corporativa al afirmar que dicha práctica eran situaciones de “emergencia” y terminó “hace más de un año y medio y se han tomado las medidas para que no vuelva a ocurrir”. ¡Oh Eureka!, después de prácticamente 25 años y de una auditoría externa, descubrieron que se estaba abusando de la posición de diputado o senador. Otra es la explicación, sin embargo, del secretario de la cámara Miguel Landeros, según el cual se terminó con dicha práctica porque no alcanzaba la plata, para cubrir tanto préstamo.
Uno de los afectados, el diputado PPD Campos, declaró: “lo solicité porque era una atribución que estaba ahí desde el regreso a la democracia. Si hubiera sabido que podría ser cuestionado, hubiera buscado otro mecanismo. Jamás pensé que esto podría ser cuestionado. (El destacado es nuestro). Es esta última parte de la declaración la que deseo comentar. La ingenuidad y/o sorpresa del diputado Campos obedece a lo que en ética se llama “conciencia laxa”, es decir aquella persona que nunca juzga sus acciones como malas, o que casi nunca ve el mal. ¿Pensaba el honorable que no causaba ningún daño a la “Corporación”?, que dicho sea de paso, la financia todos los chilenos que pagan impuestos, ¿o probablemente por el simple hecho de la investidura del cargo, creía tener privilegios por sobre el resto de los chilenos?
Nuestra crítica no se dirige al hecho de solicitar una ayuda pecuniaria en caso de necesidad, a modo de “adelanto”. Apunta más bien al hecho de considerar como una práctica éticamente aceptable, el beneficiarse de la condición de diputado o senador. Nuevamente debemos insistir en el mismo punto, no todo lo legal es éticamente admisible, como en este caso. Tal vez no solo los empresarios que se coluden, deberían recibir clases de ética.