El gobierno ha dado una clase magistral sobre lo que no se debe hacer en materia de políticas públicas: reaccionar a una iniciativa opositora desde el temor y la ansiedad, con el fantasma de las encuestas en los hombros y nublando la vista. Como era obvio, cayó en su propia trampa, quedando prisionero del imperativo de reducir la jornada laboral; algo que complica el aumento de la cotización previsional y que, por buenas razones, no estaba entre sus prioridades. De paso, descolocó a su coalición, confirmando lo difícil que es mantener el orden cuando las propuestas nacen a la rápida, como resultado de la pura y simple improvisación.

¿Cuál era la necesidad de salir a competir con la iniciativa de las diputadas comunistas? Ninguna, más bien se trató de la imposibilidad de contenerse, la incapacidad de salir a mostrar serenidad y convicción frente a una propuesta sin sustento técnico. En rigor, la obsesión por abarcarlo todo, por no dejarse sorprender, volvió a mostrar a un gobierno errático, sin el temple requerido para enfrentar las naturales arremetidas opositoras.

Ahora no será fácil poner marcha atrás; La Moneda deberá tratar de diluir los efectos de su propia precipitación, buscando instalar en esta iniciativa la mayor gradualidad posible. Lo insólito es que el gobierno había presentado en mayo un proyecto que permite pactar jornadas de trabajo más flexibles, con un máximo de 180 horas mensuales, ajustables semanalmente, una iniciativa que ha contado con respaldo técnico en sectores académicos de oposición.

Desde el punto de vista político, lo que este paso en falso deja en el ambiente es una señal preocupante respecto a la forma en que la autoridad procesa y toma decisiones. Un gobierno sin la calma suficiente, esclavo de la coyuntura, con poca capacidad para evaluar los efectos de sus iniciativas. Es cierto que las encuestas de estos meses han sido negativas para el oficialismo, pero, puesto en perspectiva, este ha sido sin duda el mejor segundo año de un gobierno desde hace mucho tiempo.

En el primer mandato de Michelle Bachelet, el segundo año (2007) estuvo marcado por la puesta en marcha del Transantiago, un terremoto político y social de consecuencias devastadoras. Después, Sebastián Piñera tuvo un segundo año (2011) dinamitado por la irrupción del movimiento estudiantil, un mare magnum que selló sin remedio la suerte de dicha administración. Y por último, Bachelet inició el segundo año de su nuevo gobierno (2015) con el caso Caval y los delicados efectos del financiamiento irregular de las campañas políticas, incluida la suya.

Nada de lo que ha enfrentado Sebastián Piñera este año es mínimamente comparable: un crecimiento más lento al proyectado, pero, hasta ahora, de los mejores del continente y bastante más alto que el promedio de los cuatro años de la Nueva Mayoría. Una baja en las encuestas, pero donde se ha mantenido, también hasta ahora, un piso en torno al 30%, nada que en los tiempos actuales pueda ser considerado dramático. Y una importante crisis de expectativas, inevitable en un contexto nacional e internacional incierto, pero a la cual el gobierno contribuye de manera importante cuando toma decisiones en la forma en que lo hizo con la reducción de la jornada laboral.

Al final del día, la única oposición efectiva es la que el propio gobierno se esfuerza en alimentar.

Publicado en La Tercera.