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Por la conversación o la fuerza

8 de Septiembre 2020 Columnas

El sábado 19 de octubre del año pasado, un caballero mayor estaba en la plaza de Maipú y fue entrevistado en televisión acerca de lo que había ocurrido la noche anterior en Santiago (ese enardecido viernes 18). El señor lanzó una pregunta simple, directa, pero de la que nadie se hizo mucho cargo: “¿Por qué tiene que quedar la cagá para que nos puedan escuchar?”

En efecto, el 18 de octubre marcó un hito por la extensión e intensidad de la violencia desatada, pero en nuestra práctica política hace mucho rato que se normalizó el uso de medidas de fuerza como parte rutinaria de la reivindicación de demandas. Esto contrasta con lo que ocurre en la mayoría de las democracias más desarrolladas, donde las diferencias se resuelven de manera más institucionalizada y antes que la sangre llegue al río (aquí, por el contrario, a veces las tomas o las barricadas preceden a cualquier petitorio). Desde un punto de vista normativo esta situación es deplorable –la democracia se supone que es la resolución pacífica de conflictos–, pero más que lamentarse es más productivo preguntarse por qué ocurre. Y aquí volvemos a la pregunta del señor en Maipú: la fuerza se ocupa porque pareciera que nos acostumbramos a que el diálogo pacífico y el petitorio escrito no llevan a ninguna parte, pues pueden ser, y con frecuencia son, convenientemente ignorados por los poderosos. La fuerza, el dejar la cagá, parece ser la manera aprendida de obligar a éstos a escuchar.

Este es un déficit central de nuestra práctica democrática: la radical falta de escucha que ha existido entre las élites políticas en un sentido amplio (las cúpulas partidarias, los puestos altos en los medios masivos de comunicación, los expertos y tecnócratas de alto nivel, y los tomadores de decisiones en el gobierno), por una parte, y el resto de la población, por otra. El problema, en rigor, ha sido el muy desigual acceso que se tiene al oído de dicha élite: mientras los ricos y los altamente educados acceden a él regularmente, dando a conocer sus puntos de vista y sus intereses, el resto de la ciudadanía ha sido mayormente ignorada. Como resultado, para grandes mayorías la política ha sido por muchos años un fenómeno de una ajenidad radical. El estallido no fue sino la expresión rotunda de que los canales normales de comunicación democrática estaban cortados: “Los disturbios son el lenguaje de los no escuchados”, dijo Martin Luther King. Y, por la misma razón, la élite “no vio venir” aquello que se gestaba.

Se arguye que el proceso constituyente es la respuesta a esta situación. ¿Qué mejor que un diálogo desde cero acerca de las mismas bases de nuestra convivencia, para así regenerarla y relegitimarla? Sin duda, dicho proceso sería un símbolo potente de voluntad de diálogo y un hecho político de primera magnitud. En ese sentido, tienen razón los que dicen que, incluso más importante que el resultado (el texto final acordado), es el proceso que nos lleve allí. Si este proceso es abierto y participativo, se dice, podremos relegitimar la política. En ese sentido, los esfuerzos por crear una constituyente paritaria, con escaños indígenas y abierta a independientes contribuyen efectivamente a diversificar la instancia y a simbolizar un quiebre con las prácticas políticas usuales. No obstante, hay dos peligros en este proceso.

El primero es que, una vez más y a pesar de todo, el proceso sea visto como monopolizado por los sectores económicamente acomodados que ya predominan en la política cotidiana. Metafóricamente, si la discusión constituyente termina siendo vista como una terapia de pareja entre Vitacura y Plaza Ñuñoa, mientras La Pintana lo mira por televisión, hay un riesgo real de que se frustre la eficacia simbólica del proceso y con ello su capacidad de producir legitimidad e inclusión. Para evitar esto, que los partidos seleccionen candidaturas social y territorialmente diversas es importante, así como producir procesos intensos de diálogos y escuchas territoriales durante todo el proceso de discusión de la nueva Constitución.

El problema es que aun si el proceso resultase impecable, hay cierta tendencia –un sesgo formalista o institucionalista– a suponer que una nueva Constitución relegitimaría por sí sola a nuestras instituciones políticas. Y éste es el segundo riesgo: asumir y esperar que la legitimidad de la política chilena se recobrará en un solo gran, épico y refundacional momento histórico. Pero ello es improbable. Si la pérdida de legitimidad se debió más a décadas de una política clausurada sobre sí misma y a su falta de receptividad a las opiniones e intereses de la mayoría, no habrá camino corto para su recuperación. En otras palabras, ninguna Constitución puede garantizar que los partidos políticos del futuro abran caminos de diálogo permanente con la sociedad civil y la ciudadanía, busquen la resolución temprana de conflictos, promuevan liderazgos socialmente diversos y sirvan de canales para la representación estructurada de intereses sociales. Ninguna Constitución puede asegurar, en suma, que en el futuro no tenga que quedar la cagá para que los sin poder o influencia sean escuchados. Si el problema han sido las prácticas, la solución no serán las reglas, o al menos no sólo las reglas. Por eso, y más allá del necesario proceso constituyente, el desafío de construcción de un nuevo orden político será mucho más largo, y requerirá de actores políticos a la altura del desafío.

Publicado en The Clinic.

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