La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una rebaja de 50% del impuesto específico a los combustibles. Esta propuesta es una manifestación de populismo contaminante y regresivo, y va en el sentido opuesto de las recomendaciones para aumentar la recaudación realizada por la comisión de expertos de diversos sectores, así como del propósito de lograr una recuperación resiliente y sostenible.
Los impuestos a los combustibles tienen diversos objetivos de política pública, en primer lugar, corregir las externalidades negativas que genera el transporte y que afectan la salud de la población; por ejemplo, el material particulado y el dióxido de azufre alteran las funciones respiratorias en infantes y ancianos y aumentan la probabilidad de los adultos de contraer cáncer.
Reducir la emisión de contaminantes de vida corta, como el material particulado, también mitiga el calentamiento global. El transporte representa alrededor del 25% de los gases de efecto invernadero, que Chile está comprometido, en el marco del acuerdo de París, a reducir para lograr carbono neutralidad al 2050.
Para el transporte de carga, medidas transitorias como el crédito fiscal al impuesto específico al Diesel, aprobadas por sólo tres años hace más de dos décadas, se han vuelto una franquicia permanente, con elevados costos para la sociedad al distorsionar la partición modal en el transporte de carga, inhibiendo el desarrollo de medios menos contaminantes como el transporte ferroviario y el cabotaje. La presión y el lobby de gremios de camioneros ha impedido la eliminación de esta franquicia.
El impuesto a las gasolinas no solo busca desincentivar el uso del auto, sino también una recaudación fiscal progresiva. Basta con señalar que el 80% de este impuesto lo paga el quintil de más altos ingresos. La pandemia ha generado un impacto dramático en la pobreza, la distribución del ingreso y el empleo especialmente femenino. Según la encuesta CASEN, los ingresos del trabajo del decil más pobre se redujeron en 40% y la relación de los ingresos del decil de mayor ingreso y el de menor ingreso, aumentó de 40 a 400 veces. La rebaja impositiva propuesta le restaría recursos al Estado por más de mil millones de dólares, necesarios para impulsar una recuperación resiliente y justa, y agravaría la desigualdad de poder adquisitivo que se ha acentuado debido al Covid-19.
Al partir la redacción de una nueva Constitución, diversos centros de pensamiento han planteado incorporar en materia medioambiental principios orientadores de la acción del Estado. Uno de ellos es el de “Progresión y no regresión”. Esto implicaría que, si el país se compromete a determinados objetivos de descarbonización, dichos compromisos no queden sujetos a cambios políticos propios de la alternancia en el gobierno o brotes populistas como los que está haciendo gala la Comisión de Hacienda de la Cámara, que aprobó reducir los impuestos a los combustibles.
Publicada por Diario Financiero.