La acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien presidía la comisión encargada de definir las libertades condicionales en 2016, cuando Hugo Bustamante fue dejado libre, está en plena marcha. En ese entonces, el hombre había cumplido una condena de 11 años, de los 27 a los que había sido sentenciado, por el doble asesinato de su pareja y el hijo de esta.

El libelo es liderado por el diputado RN Andrés Longton y fue firmado por distintos parlamentarios, fundamentalmente del oficialismo y algunos de la DC. El resto de los partidos lo desechó o está aún analizando la situación.

Efectivamente Hugo Bustamante no estaba rehabilitado cuando fue dejado en libertad. Pero eso lo sabemos ahora, cuatro años después, cuando ha sido acusado de violación, asesinato e inhumación ilegal en contra de Ámbar Cornejo, una adolescente de apenas 16 años, hija de la conviviente del acusado.

Pero, cuando en 2016 el tema fue analizado por una comisión de jueces, que presidía Silvana Donoso, las consideraciones fueron otras. Estas se pueden compartir o no, sobre todo considerando que había un informe de Gendarmería que -al igual que en otros casos- advertía que el hombre no debía recibir el beneficio.

Sin embargo, los jueces -en plural, porque no fue solo Donoso quien tomó la decisión de dejarlo en libertad, sino una comisión en la que había cuatro personas más- pensaron que Bustamante podía tener una segunda oportunidad, basados en criterios legales que les permitían tomar esa determinación.

Si fue acertada o no es discutible. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, la discusión debiera ser con altura de miras y no basados en la pantalla fácil y el rédito político, elementos que parecen ser los que dictan la decisión de acusar a Donoso constitucionalmente. Más aún mirando la historia reciente, en la que el oficialismo -incluido Longton- se negó a respaldar la reforma de 2018, en la que se impedía que quienes estuvieran condenados por crímenes de lesa humanidad y homicidios pudieran salir libres a los diez años.

Hoy, imputar a una jueza por una decisión que tomó basándose en la legalidad, es atribuirle culpas precisamente por hacer su trabajo: tomar la ley y aplicarla. Si estamos de acuerdo o no con lo que dice el texto legal es otra cosa y son precisamente los parlamentarios los llamados a hacer un cambio en esta materia. Pero analizar una decisión de hace cuatro años con los ojos del presente no solo es extemporáneo, sino que tiene derechamente visos de populismo penal y cara de instrumento de campaña política.

Que la ley es en extremo garantista para los imputados, también es discutible y la inclinación tras el asesinato de Ámbar es a pensar que efectivamente se ponen los derechos de los acusados por sobre el de las víctimas. Pero nuevamente, quienes están llamados a cambiar aquello -si es necesario- son los parlamentarios, al alero de los tratados internacionales que Chile ha suscrito a lo largo de estos 30 años de democracia.

La acusación constitucional, por otra parte, pretende sacar del escenario a una jueza por aplicar la ley y culparla de abandono de sus deberes precisamente por cumplir con ellos, es decir, tomar una decisión al amparo de la normativa. Definición que además fue tomada de manera colegiada.

Entonces, queda la duda de cuáles son las razones para intentar sacar por secretaría a una magistrada como Donoso, que se ha caracterizado -según se le reconoce en la prensa- por proteger los DD.HH., a las mujeres y a las minorías. ¿Será que precisamente su cercanía con el mundo progresista (además de lo que muestran sus fallos, es hermana de Samuel Donoso, abogado cercano a Guido Girardi) es lo que le está pasando la cuenta? ¿Por qué no se acusa también a los otros cuatro jueces que definieron la libertad de Bustamante?

Lo cierto es que, si bien las acusaciones constitucionales son una herramienta válida en el sistema democrático, esta no sería primera vez que son utilizadas como instrumento político. Ha sucedido con ministros en más de una ocasión y se han convertido en un show público, algo así como una guillotina moderna en la plaza ciudadana.

El problema es que, cuando el populismo penal penetra el órgano encargado de impartir justicia, el resultado puede ser caótico para una sociedad democrática, en el que la justicia debe ser sorda, ciega y muda, sin miramientos de ningún tipo que no sea la aplicación de la ley y, bajo ninguna circunstancia, chantajeada por la decisión de obtener réditos políticos a partir de un drama como el de Ámbar Cornejo.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.