Esta semana volvimos a ser testigos de uno de los factores que explican el deterioro institucional de los últimos años: la Contraloría notificó a siete generales del Alto Mando de Carabineros por su presunta responsabilidad administrativa en los abusos y violaciones a los DD.HH. ocurridos en el contexto del estallido social. Frente a ello, un sector del oficialismo denunció parcialidad y persecución a la policía uniformada. Incluso, dos diputados hicieron una presentación ante una organización latinoamericana de entidades fiscalizadoras, esgrimiendo un “sesgo político” en la indagatoria.
Los ciudadanos tienen derecho a opinar y a estar en desacuerdo con resoluciones de un organismo fiscalizador, incluida la Contraloría. Pero distinto es que la legítima discrepancia lleve a cuestionar la independencia e imparcialidad de la institución que las efectúa. Eso, precisamente, es lo que se ha vuelto recurrente: ante la diferencia respecto de una decisión en particular, levantar un manto de duda sobre su funcionamiento o criterio general.
La labor de Carabineros durante las manifestaciones realizadas a partir del 18 de octubre ha generado críticas e indagaciones no solo de la Contraloría. Organismos internacionales que velan por el respeto a los DD.HH., el Ministerio Público y el propio gobierno coincidieron en que durante el período se produjeron graves abusos y atropellos a la integridad de las personas. Que la Contraloría busque, por tanto, indagar sobre eventuales responsabilidades administrativas del Alto Mando de una institución jerarquizada no debiera tener nada de anormal o extraordinario. Se pueden criticar sus razones y criterios, pero distinto es cuestionar sus intenciones y alegar una eventual politización.
Nos hemos acostumbrado a poner en tela de juicio a las entidades encargadas de esclarecer responsabilidades de todo orden, cuando se tiene una diferencia respecto del juicio con el cual se determina una sanción e, incluso, con el cual se decide iniciar una indagatoria. En materia constitucional esa realidad ha llegado al punto de que los mismos que cuestionan la existencia del TC, que lo consideran una “tercera cámara” que socava la función legislativa, igual hacen presentaciones ante dicho organismo y valoran sus fallos cuando les son favorables. Es el caso más visible de esta lógica que pone en entredicho la intencionalidad de los órganos llamados a velar por el cumplimiento de las normas, cuando se discrepa de alguna decisión en particular.
Las críticas a lo resuelto por la Contraloría en el caso de los abusos y excesos cometidos por Carabineros en el control del orden público son perfectamente legítimas. Cuestionar la probidad, imparcialidad y alegar una supuesta politización, no lo es. Salvo que se tengan antecedentes precisos que lo confirmen. De lo contrario, lo que se hace simplemente es seguir agregando lodo y desconfianza en el funcionamiento de las instituciones; un daño que no es gratis y del cual Chile hoy tiene de sobra.
Publicada en La Tercera.