Actualmente, soy profesor regular en la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez, e Investigador Asociado del Centro de Estudios en Derecho de Recursos Naturales de la U. Católica del Norte -que ayudé a fundar- y del Grupo de Regulación de Riesgos y Sectores Estratégicos de la Universidad de Barcelona, participando en investigaciones en torno a: modelos de gestión integral de recursos hídricos en zonas áridas; los riesgos y su impacto en el medio ambiente; y la configuración del Estado garante como un modelo para afrontar los retos económicos y sociales del Estado del bienestar.

Gracias a mi experiencia puedo afirmar que la investigación multidisciplinaria es esencial a fin de generar productos que puedan ser utilizados para la toma de decisiones tanto de autoridades como de particulares y, de este modo, consensuar técnica y legitimadamente las mejores políticas públicas respecto de la configuración, la gestión y las responsabilidades que a todos los actores -públicos y privados- les compete en torno al uso y manejo de aguas.

Un ejemplo muy palpable de ello se nota en cómo el fenómeno del cambio climático y la sequía consecuencial afectan y seguirán afectando las posibilidades de abastecimiento de agua no solo a la población, sino también a la industria en general, y el modo en que se enfrentan a aquello. Si bien existe una robusta institucionalidad en materia de aguas para riegos y servicios sanitarios, se está trabajando por mejorar la regulación de carácter ambiental asociada, pero aún falta legislar en temas de gran importancia como las nuevas fuentes de agua, en especial la desalación de agua marina.

Todo ello requiere un enorme y multidimensional esfuerzo en la medida que el reto que enfrentamos tiene distintos niveles y profundidades, de tal manera que la solución al problema que no es unidimensional o sectorial, supone esfuerzos compartidos y coordinados; lo que requiere arreglos institucionales y regulatorios en los que pretendo seguir trabajando.

Publicado en Revista Heureka.