Carlos Montes, presidente del Senado, entregó una significativa señal respecto al mar de fondo que circundará el debate sobre eventuales cambios al actual sistema tributario: lo que el gobierno busca, dijo el legislador socialista, es una “contrarreforma”, cuyo sentido no sería otro que iniciar el desmantelamiento del “legado” de la Nueva Mayoría. De este modo, lo que un sector de la oposición ha decidido poner sobre la mesa no es solo la pertinencia y la legitimidad de una reforma en particular, sino la mirada sistémica que articuló todo el esfuerzo transformador de la administración pasada.
El próximo debate tributario tendrá entonces dos dimensiones corriendo en paralelo: la propiamente técnica, donde el gobierno tiene de su lado un relativo consenso respecto a la necesidad de modificar una estructura cuestionada por su complejidad y por sus débiles incentivos a la inversión. Y otra política, donde las fuerzas de la ex Nueva Mayoría se jugarán quizás la más significativa de las reformas impulsadas en el período anterior; el cambio que supuso la voluntad de mejorar la justicia tributaria, reducir la desigualdad y de acceder a los recursos para financiar “derechos sociales”, entre ellos, la gratuidad universitaria.
Hoy los partidarios de esa mirada y de ese esfuerzo se encuentran en la oposición, mientras los que gobiernan consideran prioritario dotar al país de una estructura impositiva que incentive la inversión y el crecimiento económico. En el fondo, las visiones que se confrontarán en la tramitación de este proyecto son las mismas que han polarizado el debate político de los últimos años, aquellas que volvieron a quedar en evidencia esta semana a la luz de los resultados de la última encuesta Casen. Para unos, la persistencia de la desigualdad se explicaría por el débil crecimiento generado durante el gobierno anterior y su correlato en la exigua generación de empleo formal. Para otros, este es un problema estructural, asociado a la continuidad de un modelo cuya lógica llevaría inexorablemente a la concentración de la riqueza.
Así, la discusión tributaria y sus resultados serán un verdadero emblema, una doble prueba de fuego donde el gobierno tendrá que mostrar su capacidad para corregir un engranaje que ha estado en el corazón los avances económicos y sociales de las últimas décadas. Y la centroizquierda podrá ilustrar los grados de unidad, de convicción y de compromiso en torno a las reformas impulsadas en su anterior administración. Cómo actuará la DC frente a dicho desafío, qué tipo de alineamiento habrá entre los sectores de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio en este proyecto, serán señales relevantes sobre el destino de las fuerzas opositoras en el mediano plazo.
En este punto radica sin duda la principal dificultad del gobierno para sacar adelante su reforma tributaria: aquí lo que se juega es mucho más que una estructura impositiva: son más bien las bases ideológicas de un legado y de un diagnóstico subyacente, y la capacidad del oficialismo para confrontarlo y empezar a revertirlo. Volver a un sistema tributario plenamente integrado o fracasar en ese intento, será al final del día un buen indicador de quién ganó y quién perdió en esta importante batalla.
Publicado en La Tercera.