El año 1888 fue demolido el puente Cal y Canto, sin mediar una justificación técnica consistente; en 1948 le tocó el turno al hospital San Juan de Dios, edificio construido por Joaquín Toesca a finales del siglo XVIII; en 1981 robaron el antiguo cáliz de la Catedral -obra maestra de la orfebrería colonial- sin que se llevara a cabo una investigación acuciosa de los hechos; desde el año 2009 se realiza en el norte de Chile el rally Dakar, poniendo en riesgo el patrimonio arqueológico de la zona. Si los hechos señalados no hubiesen ocurrido, el puente Cal y Canto sería el símbolo de la ciudad, podríamos disfrutar de la belleza del cáliz labrado por los jesuitas y no tendríamos que lamentar la pérdida de testimonios materiales de las culturas que nos precedieron. Los edificios mencionados no tenían protección legal, el cáliz no estaba reconocido administrativamente como un objeto patrimonial y los circuitos del rally pasan por encima de sitios arqueológicos no registrados; nadie cometió delito, pero todos hemos perdido parte de nuestra riqueza común de manera irreversible.

Con razón, muchos señalan que la explicación de la deficiente protección del patrimonio cultural estaría en la inadecuada institucionalidad existente, la carencia de recursos apropiados, la obsoleta legislación vigente y, en último término, la ausencia de voluntad política para resolver estos problemas. No obstante, es necesario reconocer que el principal inconveniente ha sido la falta de sentido de posesión respecto de esos bienes culturales compartidos. Nos ha aquejado una aguda carencia de sentido de propiedad común sobre ciertos bienes que deben ser protegidos, precisamente porque nos pertenecen a todos y porque su desaparición o destrucción nos empobrece. La preservación del puente Cal y Canto y la recuperación del cáliz de la Catedral no fueron prioridad, tal vez porque las voces que clamaron por la importancia de la conservación de estos bienes no lograron crear conciencia de patrimonio compartido.

El escenario parece estar cambiando rápidamente, las comunidades se organizan para salvar lo que consideran de todos, cada vez más arqueólogos e historiadores del arte nos ayudan a tomar conciencia del valor de lo que nos pertenece y la organización de colectivos para proteger un barrio de la ciudad son cada vez más habituales. Una manifestación de lo anterior es que pese al aumento en los fondos destinados a la preservación de patrimonio, la percepción es que los montos son del todo insuficientes. La suma de pequeños esfuerzos parece ir construyendo un clima distinto, lentamente se va fortaleciendo la conciencia de que los intereses particulares no justifican acciones que atenten contra el patrimonio cultural común. Quizá por un buen tiempo sigamos contando con una institucionalidad defectuosa, una legislación anacrónica y recursos insuficientes, sin embargo, debemos aspirar a que el profesionalismo de los funcionarios de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, los esfuerzos de tantas personas aisladas y la capacidad de organización de la sociedad civil nos permitan cuidar los bienes culturales que compartimos.