Escuela de Periodismo 

La Tercera

La trama de financiamiento ilegal de la política gestada desde SQM se extiende como una mancha de aceite. Ahora es el turno de Pablo Longueira, quien se ve sometido a la evidencia de haber terminado también seducido por las redes de poder y corrupción construidas durante décadas por la empresa minera. Hace un par de semanas, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó al fiscal a cargo de la investigación en Chile los antecedentes del caso, debido a que SQM es una corporación autorizada a transar parte de sus acciones en el mercado bursátil norteamericano.

En los hechos, el país lleva más de un año conociendo de las aristas y pormenores de la causa, de los informes plagiados por el ex ministro Peñailillo, de las millonarias ‘asesorías verbales’ de los hijos del senador Pizarro, de la lista de candidatos socialistas beneficiados por los recursos que obtenía el senador Rossi, de la decidida y seguramente bien recompensada colaboración prestada por Pablo Longueira al gerente de la empresa en la discusión de diversos proyectos de ley.

Pero hay preguntas elementales que en estos largos meses de indagación, los políticos de todos los sectores han preferido no hacer en público: ¿dónde está el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou?, ¿por qué nadie le ha pedido explicaciones por los hechos escandalosos en que su empresa está siendo hace más de un año involucrada?, ¿por qué hasta ahora no ha sido siquiera citado a declarar en calidad de ‘testigo’ por algún fiscal?

Interrogantes un poco obvias que las complicidades transversales que cruzan este caso han preferido mantener silenciadas; y cuya respuesta es de alguna manera tan simple como las razones del mutismo general: desde el retorno a la democracia, Julio Ponce Lerou tuvo la habilidad para construir una red de protección que los involucra a todos, desde la UDI hasta el PS; fue literalmente capaz de comprarse el sistema político, de instalar en cargos de elección popular a quién él necesitaba y de incidir en la tramitación de las leyes en función de sus intereses.

Que el yerno de Pinochet haya decidido financiar a los partidarios de ese régimen forma parte de la naturaleza de las cosas. Lo significativo, sin embargo, es que haya logrado que las víctimas de la dictadura estuvieran dispuestas a recibir sus recursos; que pudiera convertirse en financista de la campaña presidencial de la hija del general Bachelet y del hijo de Miguel Enríquez, o de tener entre sus principales asesores comunicacionales al ex ministro Enrique Correa. Ello, de algún modo, es lo que ha desnudado el grado de corrupción ética al que fue conducido el sistema político por la actual generación, y ese problema, profundo y existencial, lamentablemente no se arregla mejorando una legislación sobre el financiamiento de las campañas.

Julio Ponce Lerou, el ‘fantasma’ de esta ópera protagonizada por SQM, seguirá con seguridad durmiendo tranquilo bajo el celoso resguardo de buena parte de la clase política. Ninguno dirá y preguntará nada; todos los que fueron beneficiados por su desinteresada generosidad continuarán ‘mirando el techo’. Hoy es Pablo Longueira y mañana serán otros, da igual. Todos sabemos que sanción jurídica al verdadero Padre del actual sistema político simplemente no habrá. Y tampoco es seguro que algún día alcance para un juicio de la historia.