Hace pocos días se dio a conocer un estudio desarrollado por el Centro de Políticas Públicas UC sobre el proceso de descentralización chileno. El documento, ciertamente crítico, se centra en el análisis de la Ley 21.073 -sobre elección de intendentes- y de la Ley Nº 21.074 -sobre traspaso de competencias-. En concreto, los autores asumen que la descentralización debiese traer distintos beneficios al país, pero también reconocen que estos cambios tendrían que ser evaluados cuidadosamente. Por lo mismo, se proponen identificar los principales desafíos que involucran las reformas y, al mismo tiempo, proponer ciertos lineamientos que permitan abordarlos.
Pensando en la discusión que se está gestando en torno a la próxima elección de gobernadores regionales, el estudio es indudablemente un tremendo aporte. Entre muchas otras cosas que se plantean, se logran poner sobre la mesa diversas inquietudes. Hablamos, por ejemplo, de los problemas políticos asociados al traspaso de competencias, de las eventuales duplicidades de funciones que podrían surgir y de las dificultades asociadas a las transferencias de costos y funcionarios que ejecutan las tareas en cuestión. En esa misma línea, los autores del documento destacan la necesidad de trabajar en torno a la verdadera exigibilidad de los convenios de traspaso de competencias, de pensar en mecanismos para hacernos cargo del solapamiento de funciones y de proponer herramientas que aseguren cierta coherencia entre los planes subnacionales y los centrales.
Las preocupaciones que se plantean son ciertamente fundadas y se relacionan con la gran amenaza de contar con autoridades regionales con una amplia votación popular, pero con escasas herramientas de gestión.
Sin embargo, también es posible observar que el documento presenta una crítica política que es, al menos, cuestionable. Esto, en cuanto entienden que es necesario alcanzar un “amplio consenso técnico, político y social, para evitar que luego haya constantes revisiones”, explicitando que el modelo al cual vamos transitando no ha sido del todo claro ni consensuado.
En derecho existe una famosa locución latina que dice “nemo auditor propriam turpitudinem allegans”, la cual ha sido traducida al español como: “nadie puede invocar su propia torpeza”. En otras palabras, la frase alude a que ninguna persona puede apelar a su negligencia, desidia o dolo para librarse de alguna obligación (como aquel que, a sabiendas, firma un contrato con un incapaz).
La idea central que se desprende de esta frase podría ayudarnos a entender las distintas pugnas que se han gestado a lo largo del proceso descentralizador. En un inicio, se planteaba que era necesario postergar la discusión en torno a la elección de intendentes en función de que aún no se tramitaba la ley de traspaso de competencias, la cual, en esos tiempos, ya llevaba 5 años durmiendo en la cámara de diputados. Luego, se plantó reconsiderar la fecha de la primera elección de los gobernadores regionales en función de que, negligentemente, aún no se habían comenzado a redactar los reglamentos que consolidarían la descentralización administrativa. Y ahora, se plantea la necesidad de generar un consenso técnico, social y político, olvidando ciertamente los grandes esfuerzos que hiciese la otrora comisión presidencial en descentralización para convocar a ONGs, universidades, centros de estudios, organismos internacionales y actores políticos; desconociendo también los distintos seminarios abiertos organizados por instituciones nacionales o internacionales; y omitiendo los talleres que desde hace algún tiempo se vienen desarrollando en distintas regiones de Chile para converger en políticas de descentralización fiscal.
En todos estos casos, los argumentos para cuestionar, posponer o rechazar la verdadera efectividad de las reformas se relacionan con nuestra propia desidia, negligencia o dolo. Por lo mismo, si pretendemos enfrentar los desafíos que se vienen por delante, puede ser tiempo de comenzar a hacernos cargos de esa famosa locución leguleya.