Señor Director:

A propósito de su editorial de ayer, yo puedo entender que los cerca de 350 notarios de nuestro país no quieran que avance el proyecto de ley de reforma notarial que presentó el Gobierno hace tres años. Según determinó la Fiscalía Nacional Económica en su informe de 2018, la renta promedio nacional por notario es de 14 millones al mes (y 24 millones si ejerce en Santiago Centro), hacen un trabajo principalmente mecánico (17 trámites concentran el 90% de su quehacer y el grueso consiste en certificar que se firmó ante ellos), sobre el 80% de las veces no tienen contacto directo con los firmantes, los precios por sus actuaciones son mayores a los máximos establecidos (por ejemplo, no debieran cobrar más de $500 por una certificación de fotocopia o una declaración jurada) y su demanda está asegurada por exigencias legales (hay más de 200 leyes que requieren su intervención).

Me cuesta, en cambio, entender al Senado. El proyecto de reforma notarial aprobado por los diputados ingresó al Senado el 8 de enero de 2020 y no ha avanzado ni un milímetro. En un año y ocho meses han recibido 42 solicitudes del Gobierno para iniciar su tramitación, de las cuales 10 han sido solicitudes para una discusión inmediata.

Me temo que si no reaccionan pronto, haciendo las modificaciones que la ciudadanía requiere, podríamos llegar a la vuelta de la esquina a que se proponga un sistema notarial 100% estatal, lo que a mi juicio sería una mala idea.