La urgente necesidad de modernizar el Estado para responder a los cambios sociales y tecnológicos del siglo XXI parece ser un objetivo compartido por el mundo político. Así se desprende de los programas presidenciales en competencia y de lo expresado por los candidatos de primera vuelta en el Ciclo de Diálogos Sofofa-UDP. En este contexto se insertan también las propuestas realizadas por un grupo de académicos de las universidades Católica, de Chile y Adolfo Ibáñez (crecerjuntoschile.cl), así como las contenidas en el muy valioso informe reciente del CEP, “Un Estado para la Ciudadanía”.
Si bien los temas abordados son múltiples, quisiera referirme a uno en particular: la necesidad de tener mejores datos públicos, integrados y abiertos. Se trata de un tema crucial por una razón sencilla: buenas políticas públicas requieren buenos diagnósticos, y estos últimos, buenos datos. Lamentablemente, estamos al debe en esta materia.
El Estado produce enormes cantidades de datos administrativos en sus distintas reparticiones. Sin embargo, esta información se encuentra diseminada y muchas veces no sistematizada. Por lo mismo, recurrentemente el Estado no conoce la información estadística de la que dispone, lo que la transforma en inservible.
Cuestiones básicas como un registro exacto de funcionarios que efectúan labores o la cantidad de beneficiarios del reajuste del sector público no son accesibles a la ciudadanía y a veces ni siquiera al propio Estado. Otras veces la información está sistematizada pero el Estado no la comparte. Un ejemplo es la base inmobiliaria del SII que registra el universo de transacciones de propiedades a valores de mercado. El valor público de esta base -para mejores evaluaciones de crédito, decisiones de inversión o de posicionamiento espacial de las personas- sería gigantesco, pero lo estamos desaprovechando.
A su vez, el cruce de datos por RUT entre distintos servicios públicos resulta imposible la mayoría de las veces. Otro desperdicio, ya que tener un compendio de variables aisladas es de escaso valor para mejores diagnósticos, diseño y evaluación de políticas. Solo por dar un ejemplo, disponer de bases de datos de empleo, educación e ingresos, pero no poder interrelacionarlas es un completo derroche. Es cierto que ha habido avances en conferir facultades al Ministerio de Desarrollo Social para cruzar ciertas bases sectoriales, pero el punto es que es necesario que esta sea una práctica generalizada y de acceso abierto.
Estos son solo algunos de los múltiples ejemplos que se repiten y que constituyen un desperdicio de información valiosa. En este contexto, la propuesta del CEP, siguiendo ejemplos como los de Nueva Zelandia, Dinamarca o Francia, es tan simple como potente. Plantea la creación una plataforma que integre toda la información de los ciudadanos en poder del Estado, que sea accesible de forma innominada y cuente con los resguardos y sanciones necesarias para velar por la privacidad de los datos personales.
En pleno siglo XXI este es un desafío urgente. Una adecuada sistematización de la información acumulada por el Estado y un acceso expedito a ella puede transformarse en un potente motor de innovación. No solo para mejores diagnósticos y propuestas de política pública desde el Estado, sino que también desde la comunidad académica y la sociedad civil.
Publicado en La Tercera.