“Busqué un notario que se iba a saltar las reglas, no uno muerto”, declaró el encargado de agilizar la recolección de firmas para poder presentar la candidatura presidencial de Diego Ancalao. Más allá del escándalo por las firmas avaladas ante un notario muerto, es inevitable preguntarse cuántos notarios están dispuestos a saltarse las reglas.
La evidencia es que varios notarios se saltan las reglas y las sanciones son bajas o nulas. Por ejemplo, en el 2011, 13 escrituras públicas hechas y otorgadas por un notario, que incluían poderes firmados por personas muertas, permitieron ventas fraudulentas de terrenos, la corte pidió sancionarlo solo con 30 días de suspensión. Otro ejemplo, en 2016, un notario en Talca prestó asesoría jurídica a un cliente, lo que está prohibido, y le recomendó presentar testigos falsos en un juicio. Hay grabaciones que prueban este hecho, pero la corte decidió no sancionar al notario.
Aunque hay muchos más ejemplos parecidos, se podría argumentar que esos son casos puntuales. Sin embargo, hay reglas que se saltan sistemática y generalizadamente. El estudio de la Fiscalía Nacional Económica en 2018 mostró que las notarías cobran precios muy por sobre el máximo permitido, entre el doble y 11 veces más dependiendo del trámite. Aún más sorprendente es que para un mismo trámite en una misma notaría el mismo día se cobren precios distintos a distintas personas. Los ministros de la Corte de Apelaciones y los jueces de Letras son los encargados de fiscalizar que ello no pase, pero sigue ocurriendo y no hay sanciones.
Algo bueno de este escándalo con las firmas de un notario muerto es que, luego de veinte meses congelado en el Senado, a pesar de seis urgencias de discusión inmediata que nunca se cumplieron, finalmente se puso en tabla el proyecto de ley que reforma el sistema notarial. Este es el cuarto intento en poco más de una década, entre el 2008 y el 2012 hubo tres proyectos de ley, de dos gobiernos distintos, para reformar el sistema notarial. Sin embargo, ninguno fue exitoso porque los notarios son un grupo de presión con mucha más influencia de la que creemos, que han sido exitosos en bloquear reformas que benefician a toda la ciudadanía y les quitan sus privilegios y rentas. Es así como siguen más vivos que nunca defendiendo sus privilegios.
Razones para cambiar profundamente el actual sistema notarial sobran. Es un sistema heredado de la colonia, poco transparente y caro. Los notarios son nombrados por el Presidente de la República a partir de una terna que propone la Corte de Apelaciones. No es transparente cómo se genera la terna y hay cosas curiosas. Por ejemplo, un reportaje de investigación de Radio Bío-Bío en 2017 mostró que había 30 notarios que serán hijos de otros notarios o exnotarios, 17 que eran parientes directos de ministros de cortes de Apelaciones o Corte Suprema y 15 parientes directos de otros funcionarios del Poder Judicial. Además, había varios pares de hermanos y algunos exparlamentarios. ¿Qué tan probable es que ocurra algo así en un sistema de nombramiento meritocrático y transparente? ¿Será coincidencia o tráfico de influencias? No es difícil sospechar de esto último, más que mal, tal como lo declaró el ministro de la Corte Suprema Carlos Aránguiz en agosto de 2017: “Es cosa de revisar algunos currículums de algunos notarios o conservadores para darse cuenta de que no tienen otro mérito que ser hijo de”.
¿Por qué tanto interés en ser notario? La respuesta es simple, la competencia está limitada porque el número de notarios está fijo y, como resultado, las rentas son grandes. El mismo estudio de la FNE mostró, en base a datos del SII, rentas promedio de 14 millones mensuales (24 millones los notarios en Santiago Centro) con lo que pertenecen al 0,5% de más altos ingresos de Chile.
No existe ninguna buena razón para limitar el número de notarios. Las restricciones geográficas y de número de notarías existentes son barreras a la entrada, que permiten repartirse mercados y solo generan falta de competencia y rentas monopólicas para los notarios. Este tipo de restricciones son equivalentes a las medidas que tomaría un cartel de notarios y sus resultados son equivalentes a un acuerdo colusivo.
La reforma en el Congreso es un gran avance en la dirección correcta. Propone concursos públicos transparentes y en base a méritos, pero solo tendrán un efecto importante si se aplican a todas las notarías existentes. Lo esencial son dos cosas en el proyecto. Lo primero, es la desnotarización, al proponer eliminar 200 trámites que por ley requieren autorización notarial, permitir que se hagan trámites desde un computador y que el Estado deje de exigir trámites respecto a información que ya tiene. Lo segundo, es la creación de fedatarios, ministros de fe en todo el país que pueden realizar los trámites notariales más simples y que son los que la mayoría de las personas necesita. Eso genera competencia a los notarios y por eso se oponen, pero sin los fedatarios no va a haber cambios importantes ni en precios ni en calidad del servicio notarial.
A pesar de los cambios positivos, esta no es la reforma ideal. Lo que debiera hacerse es eliminar el límite al número de notarías existentes y la restricción geográfica. Basta con establecer requisitos exigentes para ser notario y toda persona que los cumple puede abrir una notaría en el lugar que quiera. Eso garantizaría idoneidad, desaparecerían las rentas oligopólicas, habría incentivos para incorporar tecnología para entregar un servicio más rápido y eficiente, mejoraría la calidad del servicio y los precios serían competitivos.
Publicada por La Tercera.