El episodio “Bus de la Libertad” nos ofrece al menos cuatro debates políticos relevantes: el debate sobre la tolerancia, el debate sobre la normatividad de los argumentos científicos, el debate sobre la representatividad y el debate acerca de la educación de los niños.

El primero es si acaso tiene derecho a circular en la vía pública un mensaje que un sector de la población considera ofensivo o degradante. En el fondo el mensaje del bus es que la homosexualidad y otras expresiones de la diversidad sexual son anomalías que deben ser resistidas e incluso combatidas. Naturalmente, es una opinión que genera resistencia en sociedades cada vez más receptivas a la diversidad. Pero la tolerancia se trata justamente de aquello: de aceptar la existencia de expresiones que nos parecen chocantes o retrógradas. Ello exige apretar los dientes en vez de activar los mecanismos coercitivos del poder para prohibir su circulación. En ese particular sentido, los promotores de la controversial iniciativa tienen un punto: sus ideas, aunque repugnantes para muchos, deben ser toleradas salvo que inciten directamente a la violencia -cuestión que parece difícil de probar.

El segundo debate gira en torno a la noción de ciencia y su pretensión de normatividad. Aunque la motivación subyacente al mentado mensaje es religiosa, varios de sus promotores han presentado sus visiones como típicamente científicas. De alguna manera reconocen que el lenguaje de la ciencia tiene ciertas características “públicas” que la razón religiosa no tiene. De acuerdo a este argumento, la oposición a la “ideología” de género nace de factores objetivos inscritos en la naturaleza humana. Es una movida inteligente. Sin embargo la discusión científica – que va de la biología a la psicología – no es tan simple. Hay varias complejidades que se suelen pasar por alto. La distinción contemporánea entre sexo y género por ejemplo, es olímpicamente ignorada. En resumen, si la ciencia manda es dudoso que esté de lado de los partidarios del bus. Y aunque lo estuviera, el argumento de la naturaleza no se aplica automáticamente en debates normativos.

El tercer debate es acerca de la real representatividad de los voceros del movimiento.

En cierto sentido, el nivel de los argumentos expuestos invita a la ridiculización. Muchos consideran que no vale la pena entablar una discusión con adversarios que no están a la altura del conflicto. El problema es que no sabemos cuán extendidas son las opiniones de, por ejemplo, Marcela Aranda. Si bien es cierto que no hay importantes referentes intelectuales políticos o culturales articulando la misma demanda, aquello no impide que fuera de los círculos más educados estas ideas tengan arrastre popular. Una idea marginal en la elite puede no serlo en otros segmentos de la nación.

Finalmente, está el debate sobre la jurisdicción de los padres sobre la educación de sus hijos. El nombre del bus no es casualidad: sus promotores reclaman la libertad de inculcar a sus niños las ideas que estimen convenientes. Es aquí, sin embargo, donde más se equivocan. Los padres no son dueños de sus hijos. Tienen el derecho preferente de educarlos, pero no es un derecho absoluto sino asociado a un deber fiduciario y compartido.

Los niños tienen derecho a una educación que los prepare para ser ciudadanos competentes -lo que incluye ciertas normas de respeto a la diversidad de individuos autónomos -lo que implica ofrecerles un campo de visión lo suficientemente amplio para que puedan elegir su proyecto de vida con relativa independencia de las expectativas familiares. La ley de identidad de género y sus distintas aplicaciones es coherente con esos objetivos.