Según una reciente proyección del FMI, la economía chilena crecerá este año apenas un 1,5%; o sea, menos de la mitad del promedio mundial (3,6%) y bastante por debajo del promedio de América Latina (2,5%). Para el próximo año el organismo proyecta un crecimiento de 0,5%, cifra muy menor al 1,9% que anticipaba en el mes de enero, pero similar al rango medio de estimación efectuado en el último Ipom del Banco Central. En paralelo, el propio instituto emisor sostiene que durante este año la inversión en Chile caerá un -3,8% y un -0,2% en 2023.
Sin duda, son cifras que reflejan un momento particular, marcado por los efectos agregados del estallido social, la pandemia y, ahora, de la invasión rusa a Ucrania. Pero son también evidencia de un largo ciclo de debilitamiento económico, en un país donde la inversión ha tenido en los últimos nueve años una tasa promedio inferior al 1%. A lo que se suma una importante fuga de capitales desde fines de 2019, asociada a la incertidumbre política y a la crisis de confianza derivadas del estallido social.
Hay entonces preguntas que en el actual contexto se hacen inevitables: ¿qué sentido tiene que una nueva Constitución garantice más derechos sociales si el país no tendrá los recursos permanentes para financiarlos? ¿De qué sirve definir a Chile como un “Estado social de derechos” si la nueva Constitución instala una arquitectura institucional donde abundan los desincentivos a la inversión, el crecimiento y la generación de empleos? ¿Un país con los niveles de fuga de capitales observados en los últimos años puede garantizar, en serio, derechos sociales a todos sus habitantes?
Resulta brutalmente irónica la euforia mostrada por la mayoría de la Convención cuando se aprueba el derecho universal a una vivienda digna, en un país donde las familias que viven en campamentos se han duplicado en los últimos dos años y el déficit habitacional no deja de crecer. En el fondo, es impresionante el nivel de disociación entre esta abundancia de derechos constitucionalmente garantizados y una economía que crece cada vez menos, en un país donde además el deterioro institucional y político, de orden público y de confianza, no dejan de profundizarse.
Al final del día la realidad es y será insoslayable: si el país no logra generar las condiciones para retomar con fuerza la inversión y el crecimiento económico, los derechos sociales plasmados en una nueva Constitución están simplemente condenados a ser letra muerta. Y lo cierto es que lo aprobado hasta ahora por la Convención Constitucional solo nos aleja de dichas condiciones; más aún, son uno de los factores centrales de las debilidades que hoy muestra la economía y de sus escuálidas proyecciones de mediano plazo.
Una Constitución que no se pregunta por los recursos necesarios para financiar los derechos que garantiza solo puede ser un burdo compendio de literatura fantástica; algo en lo que América Latina ha confirmado ser bien prolífica.
Publicada en La Tercera.