Inexplicablemente, el gobierno decidió patrocinar una moción del diputado Hugo Gutiérrez, que busca eliminar los 50 años de reserva que pesan sobre los antecedentes entregados a la Comisión Valech. El parlamentario comunista argumenta que las víctimas de tortura y apremios ilegítimos habrían sido engañadas, ya que no se les informó previamente que sus testimonios serían confidenciales. Del mismo modo, sostiene que lo buscado con dicha reserva era establecer un “pacto de silencio”, es decir, consagrar la impunidad de los violadores a los derechos humanos.
En rigor ambos argumentos son falsos: en el artículo quinto del decreto que crea la comisión Valech en septiembre de 2003, se establece de manera explícita que todas sus actuaciones, así como todos los antecedentes recibidos, “tendrán carácter reservado, para todos los efectos legales.” A su vez, la posterior ley que otorgó reparaciones y beneficios a las víctimas señala en su artículo 15 que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas”, pero dicho secreto “no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes”.
Así, no solo el argumento de que las víctimas fueron engañadas sobre la reserva es falso, también lo es que sus testimonios no pudieran ser entregados a los tribunales de justicia. En efecto, el mismo artículo de la ley reafirma el derecho que asiste a los titulares de los antecedentes “para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por propia voluntad”, es decir, para entregarlos, entre otros, a los tribunales y demás órganos de persecución penal.
En síntesis, si lo que en realidad se buscaba era permitir el acceso de tribunales a los testimonios de la Comisión Valech, el proyecto del diputado Gutiérrez está completamente de más, salvo que se pretendiera hacerlo sin el consentimiento de las víctimas. Pero esa no fue tampoco la finalidad: aquí, el real objetivo político nunca ha sido facilitar la acción de la justicia, sino instalar la idea de que Ricardo Lagos y su gobierno quisieron desde el inicio engañar a las víctimas a través del argumento de la reserva, con el interés explícito de consagrar la impunidad de los torturadores. En esa lógica, incluso monseñor Valech y los restantes miembros de la comisión, o habrían sido también engañados, o fueron abiertamente “cómplices”, ya que jamás levantaron la voz para reclamar por esta reserva de 50 años, supuestamente establecida con el objeto de beneficiar a los victimarios.
La Moneda no demoró mucho en darse cuenta que había caído en la trampa del diputado Gutiérrez; tuvo entonces que salir a defender el trabajo y la integridad de la comisión Valech. Pero ya era tarde: nuevamente sectores de la centroizquierda y de la actual administración fueron usados por una estrategia ya sistemática, que ha buscado demoler los cimientos éticos del Chile de la Concertación. Esta vez le tocó al expresidente Lagos y a la comisión Valech, que vieron manchados sus esfuerzos por establecer la verdad histórica en materia de torturas ocurridas en dictadura. Y ello se hizo, aunque cueste creerlo, con la complicidad pasiva de buena parte del oficialismo.

Publicado en La Tercera.