La soberbia nunca es buena consejera, dice el dicho popular. Sin embargo, pareciera ser que ha sido una invitada constante en estos diez meses de funcionamiento de la Convención Constituyente.

Desde sus inicios, la entidad se dedicó a dejar en claro que el poder constituido era supremo y nada ni nadie tenía facultades para meterse ahí. Ninguna otra institución podía opinar, ni el Presidente, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, pues no tenían la legitimidad para hacerlo y, además, cualquier propuesta era considerada como una intromisión.

Pasó también al interior de la convención, entre los mismos constituyentes, que nunca lograron trabajar como un equipo en pos de esta nueva Constitución, sino que rápidamente se autodividieron entre buenos y malos, entre defensores del pueblo y protectores de los poderosos. Y con situaciones constantes y derechamente chabacanas, como las discusiones entre Teresa Marinovic, por dar un ejemplo, y cualquiera que se le cruzara por delante, que fueron vergonzosas. Cómo olvidar cuando trató a la propia entidad con insultos irreproducibles por este medio.

Durante este tiempo, además, fue parte del panorama que aquellos que –legítimamente- disentían de lo que planteaba la todopoderosa mayoría eran rápidamente tildados de amarillos, entre los epítetos más suaves. El trato entre los mismos convencionales era a ratos despiadado, muy lejos del espíritu del “Acuerdo por la Paz” con el que se inició el proceso.

Ha pasado con Agustín Squella, del que nadie podría negar su calidad de tremendo intelectual y conocedor del proceso, pero al que –sin embargo- se lo ha ninguneado en reiteradas ocasiones. Él mismo comentó esta situación, por ejemplo, cuando denunció en una carta a los medios que nadie fue capaz de responder la petición de siete constitucionales para generar una jornada de reflexión que ordenara el trabajo del denominado “segundo tiempo” de la entidad. “Ni sí, ni no, ni tal vez, ni vamos a consultar al pleno. Nada”, comentaba en esa ocasión.

Ha sucedido también con otros e, incluso, con sectores tradicionalmente de izquierda, como los representantes del Partido Socialista, que fueron llamados públicamente traidores por haber rechazado uno de los informes de la comisión de Medio Ambiente.

Pasó asimismo con la negativa de plano, antes siquiera de pensarlo ni darle una vuelta, cuando se planteó la idea de establecer una tercera vía para el plebiscito del 4 de septiembre, atendido que las encuestas muestran un aumento de la opción Rechazo. La posibilidad de que una opción medie entre el Apruebo y la total negativa podría convertirse en una salida salomónica, que permita encontrar un camino a quienes no estén de acuerdo con el texto propuesto por la convención, pero que tampoco quieran continuar con la Constitución de 1980, gestada en dictadura.

Una opción así efectivamente podría morigerar la dinámica extremadamente dañina del todo o nada, de la división del país entre buenos y malos, entre blanco y negro, cualquiera sea el punto en el que se pare quien juzga la situación. Pero la iniciativa fue rápidamente rechazada.

La sola posibilidad de establecer una alternativa distinta dio para que se acusara inmediatamente a quienes concordaban con aquello de estar intentando deslegitimar el trabajo de la convención e imponer el poder tradicional por sobre la entidad.

Y esta semana la discusión continuó en los mismos términos –buenos contra malos- a partir de la posibilidad planteada por algunos de que –en caso de ganar el Rechazo- sea el Congreso el que reforme la actual Carta Fundamental, lo que fue inmediatamente descartado desde la convención y desde el Gobierno, mientras otros apuntaban a que era una forma de querer influir en los resultados del plebiscito. Todo esto mientras se analizaba que entre las normas transitorias se estableciera un quórum de 2/3 para que el Parlamento en ejercicio no pueda hacer cambios a la nueva Carta Fundamental. Se trata de una cifra imposible en la situación actual y que ha sido comparada por algunos con las leyes de amarre de los ’80.

Al final, pareciera que gran parte de la energía de la convención –o al menos de los que meten más ruido mediático- está puesta en cómo evitar cualquier opinión, disenso o alternativa, y no en hacer la mejor Constitución posible, previendo todos los escenarios que pueden suceder el 4 de septiembre y sin ponerle a la ciudadanía la pistola en el pecho: o aprueban o se quedan con la Constitución de Pinochet. O son buenos o son malos.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.