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La penalización del negacionismo

29 de Diciembre 2018 Columnas

Señor Director:

Hay al menos tres razones para discrepar del proyecto que busca sancionar penalmente el negacionismo. La primera es doctrinaria: la libertad de expresión es un valor esencial de las democracias liberales, y todo liberal, provenga de la tradición que provenga, debería ser consciente de los peligros que acarrea la mera idea de poner frenos a las impresiones expresadas escritural o verbalmente, por muy equivocadas que estas sean. Un ejemplo conocido: hace ya más de un año escribí que los creadores del mentado “Bus de la Libertad” bordeaban en el mal gusto e infringían el derecho de los individuos a expresar libremente su sexualidad, otro pilar fundamental de cualquier democracia que se precie de tal. Sin embargo, de ahí a impedir su circulación hay un trecho demasiado largo; por eso, me opuse a que se le sacara de las calles de Santiago y abogué por enfrentar su postura con argumentos racionales y bien formulados.

La segunda es historiográfica: hay pocas cosas más peligrosas para la convivencia democrática que el Estado construya relatos históricos oficiales, como si dicho Estado no fuera, él mismo, una construcción histórica, subjetiva y hasta cierto punto relativa. Los nazis y la Rusia estalinista cimentaron “verdades históricas” para justificar, por un lado, su existencia y, por otro, las atrocidades que cometieron en nombre de “su” verdad. Incurrir en un ejercicio similar, esto es, plantear la idea de que es deber de los Estados decidir lo bueno y lo malo de nuestra historia, no solo es maniqueo y superficial, sino también atenta contra la libre interpretación de los hechos del pasado. Los Estados -los gobiernos, más bien, pues son personas de carne y hueso los que construyen los relatos oficiales- pueden conmemorar las efemérides que estimen conveniente. No obstante, ¿por qué se habría de obligar a todos y cada uno de los habitantes que viven en un país determinado a celebrar lo que para ellos simplemente no es digno de celebración? La historia es comprensión, no una imposición gravosa.

Por último, existe una razón contingente. Hoy es políticamente correcto afirmar que las conclusiones de los informes Rettig y Valech deben ser acatadas así sin más. El problema es que un cambio de gobierno o una derrota parlamentaria de aquellos que abogan por la penalización del negacionismo podrían derivar en una nueva y espuria construcción histórica, con la consiguiente reformulación de la cuestión. ¿Estaría Carmen Hertz a favor de continuar penalizando el negacionismo si J.A. Kast propusiera castigar con pena de cárcel a aquellos que se oponen a “su” verdad? Ya que la respuesta es obviamente negativa, concuerdo con Carlos Peña en que la mejor forma de enfrentar a los negacionistas no es llevándolos a la cárcel, sino mediante opiniones convincentes y ancladas, precisamente, en la libertad de expresión.

Publicada en El Mercurio.

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