Las primeras semanas del nuevo gobierno han confirmado algo bien relevante: si alguien creyó que el solo hecho de tener una administración de izquierda desincentivaría la violencia, simplemente se equivocó. Ese fue el trasfondo del error cometido por la ministra Siches, cuando a pocas horas de asumida, llega a la comunidad de Temucuicui creyendo que iba a ser recibida con entusiasmo. En los hechos, las balas que le impidieron concretar su visita fueron una señal y un anticipo de lo que hoy enfrentan las nuevas autoridades, obligadas a responder a una forma de protesta social que ellos mismos contribuyeron a normalizar.
El fuego avanza inexorable por la Macrozona Sur; las movilizaciones y las tomas se extienden en los liceos emblemáticos de la capital; los saqueos vuelven a asomarse y no hay semana que termine sin micros incendiadas. Hace unos días, fuimos testigos de un incidente de antología: un grupo de pasajeros violó la seguridad del aeropuerto de Santiago y llegó hasta la loza para protestar por la suspensión de un vuelo. Es que “la gente tiene derechos” y puede hacerlos valer de la manera que estime conveniente. “La protesta social no puede ser criminalizada”, ha sido durante años la consigna de las fuerzas políticas que hoy gobiernan. ¿Qué credibilidad podrían tener ahora para condenar lo que hasta el 11 de marzo justificaban o abiertamente aplaudían?
n política, nada sale más caro que la inconsistencia. Cuando no se ha defendido desde la oposición una línea infranqueable frente a la violencia, es bien difícil poder establecerla desde el gobierno. Y esa es la razón que explica también las inconsistencias del presente: no presentar querellas frente a las balas en Temucuicui, pero anunciar requerimientos por Ley de Seguridad del Estado contra camioneros movilizados, cuando en el pasado las actuales autoridades intentaron derogar dicha ley por considerarla antidemocrática.
Lo cierto es que la violencia no se irá; seguirá aquí extendiéndose en todas sus formas, como la principal mancha humana de nuestro tiempo, ahondando fracturas históricas e impidiendo encontrar solución a los problemas que nos aquejan. Porque ha sido validada por demasiada gente y por demasiado tiempo; porque una generación creció utilizándola y le rindió frutos; porque el efecto demostración y aprendizaje generados por esa experiencia es enorme. Y, sobre todo, porque para poder enfrentarla en serio se requieren compromisos amplios y transversales que no son posibles, porque los que ahora la condenan desde el poder en el fondo están negando sus convicciones. Y lo saben ellos y lo sabemos todos los demás.
Porque el día de mañana, cuando pierdan una elección y vuelvan a ser opositores, habrá de inmediato un centenar de buenas razones -históricas, sociológicas, todas urgentes- para volver a justificar, otra vez, lo que hoy desde el poder están circunstancialmente forzados a rechazar.
Publicada en La Tercera.