El acuerdo tributario alcanzado hace unas semanas aumenta la recaudación, pero no es suficiente para financiar la inversión social que se demanda. Se mencionan, entre otras alternativas, la renta presunta, el impuesto específico al diésel e IVA a la construcción para reunir más fondos. El más recaudador de estos es el segundo, pero no parece generar entusiasmo legislativo. Ahora, si se aprobaran estos tres cambios se podría sumar del orden de 0,7 por ciento adicional a la carga tributaria. Parece poco al lado de las voces que han sostenido que se requerirían del orden de 5 puntos del PIB para reforzar la agenda social. ¿Pero es razonable esta afirmación?
Una referencia más apropiada es pensar en la carga que tenían los países de la OCDE al momento de contar con un ingreso per cápita como el nuestro. La evidencia indica mucha heterogeneidad, pero el promedio tenía una carga (excluyendo seguridad social) del orden de 2,5 puntos del PIB superior a la que tenemos ahora. Era el caso, por ejemplo, de Australia, Holanda o Alemania.
¿Cómo acercarnos a esa experiencia recaudatoria? Los impuestos corporativos ya son demasiado altos (de hecho, como proporción del PIB se recauda más en Chile que en el promedio de la OCDE). Además, la inversión está muy disminuida. El IVA aporta un porcentaje del PIB similar al de otros países y no faltan quienes quieren reducirlo. En una perspectiva comparada, son los ingresos personales los que tienen una baja carga. Esta estuvo en Chile en un 1,7 por ciento del producto interno bruto en el bienio 2017-18. En el mismo período, para el promedio de la OCDE, esa proporción llegó al 8,3 por ciento del PIB.
Por cierto, hay mucha heterogeneidad entre los países. En los que tienen un ingreso per cápita en el rango de Chile (hasta 1,5 veces en paridad de poder de compra), la recaudación por impuestos personales promedió un 4,3 por ciento en este período (en México, un 3,4 por ciento del PIB). Estas diferencias son consistentes con la realidad que exhibían los países más avanzados de la OCDE al tener nuestro ingreso per cápita.
Es aquí donde comienza a complicarse la aritmética tributaria. La diferencia en la carga por impuestos personales de nuestro país respecto de otros se explica, de manera importante, por la estructura tributaria que tiene Chile. De hecho, en los países de la OCDE, entre un 75 y 87 por ciento de las personas ocupadas pagan impuesto a la renta, y cuando eran menos desarrollados, esta proporción no difería demasiado. En nuestro país apenas supera un quinto.
Así, la razón entre el pago de impuestos a la renta y el salario bruto, para la remuneración promedio, es 0, la más baja en la OCDE. En esta, el promedio es un 15,7 por ciento (en el caso de una persona soltera sin hijos). Para los países en el rango del ingreso per cápita de Chile, antes definido, esa razón se sitúa alrededor del 10,2 por ciento. Además, en la OCDE la tasa marginal más alta se aplica a partir de 5,4 veces la remuneración promedio. En Chile, esta razón es 7,7 veces. Esta estructura tan distinta llevaría a que recaudásemos por impuestos a los ingresos personales entre 1,5 y 1,9 puntos porcentuales del PIB menos que países de la OCDE de similar ingreso per cápita. La disposición política a incorporar más personas que paguen impuesto a la renta y ajustar los tramos no parece existir (hay que decir que esa revisión haría que el grueso de la recaudación recayese en las personas de mayores ingresos). Si ello no puede llevarse adelante, la apuesta por un aumento en la carga tributaria parte con una desventaja.
Por cierto, siempre se puede escarbar en el “gasto tributario” para ver formas de gravar a los más ricos, pero no se pueden dejar de desconocer las limitaciones. En el corto y mediano plazo, los espacios son, entonces, menos holgados de lo que habitualmente se asume en el debate público. Esta realidad obliga a usar nuestro gasto público con mucha eficiencia. “Mejor gasto para mejores vidas”, libro publicado por el BID hace 14 meses, revela que el malgasto público en Chile llega a 1,8 por ciento del PIB. Este es un piso, porque solo considera, por un lado, los excesos de costo incurridos en la compra de bienes y servicios y en las remuneraciones del sector público y, por otro, las filtraciones de los subsidios hacia poblaciones que no son el foco de diversos programas gubernamentales. Es decir, no se detiene a analizar la inefectividad de los múltiples programas públicos que la Dirección de Presupuestos viene evaluando desde 1997.
El fortalecimiento de la agenda social no puede dejar de acudir a esas potenciales ganancias de eficiencia que representan cientos de millones de dólares. Además, el buen uso de los recursos públicos tiene la virtud de darles más legitimidad a los aumentos de carga tributaria. No es casualidad, entonces, la prioridad que muchos países de la OCDE le asignan a esa política.
Publicada en El Mercurio