En las últimas semanas se ha producido un debate sobre los límites de la historia, el papel de los historiadores y el valor que las comunidades modernas dan a los derechos humanos. Diversos sectores han planteado que las reparticiones culturales públicas no deberían permitir la presencia de figuras históricas que dividan, mientras otros apuestan por la discusión sin cortapisas o vetos de ningún tipo. Entre ambos grupos, sin duda que me quedo con el segundo.
La mayor parte de los historiadores del siglo XIX se abocó al diseño de una gesta triunfalista de la creación de la república chilena, utilizando a la historia como un insumo para la elaboración de una interpretación unívoca de los acontecimientos que habían permitido salir de la “oscuridad” colonial. El conflicto fue resaltado, pero más para ensalzar el supuesto excepcionalismo de las instituciones locales que para explicar cómo y por qué ello habría sido posible en un país con altos grados de pobreza y todavía marginal en el concierto internacional. De esa forma, la excepcionalidad chilena se dio por sentada, sin mayor comprobación comparativa.
La profesionalización de la disciplina permitió ir un paso más allá y complejizar esta idea de la historia de Chile. Sin embargo, cada cierto tiempo nos encontramos con posiciones muy complacientes de cómo debería escribirse lo ya acontecido. Y esto no sólo en el mundo conservador, sino también entre los (auto) denominados “progresistas” de izquierda, para quienes la mejor forma de no repetir los horrores del siglo XX es escondiendo aquello que nos fragmenta como sociedad. Craso error.
Como sostuvieran Andrés Estefane y Luis Thielemann en una columna publicada recientemente, la historia es un terreno disputado y nunca del todo consensuado. Políticamente podremos estar de acuerdo, por ejemplo, en que Augusto Pinochet fue un dictador aberrante y que el juicio de la posteridad debería ser implacable con él y su gobierno. No obstante, dicho juicio no sirve cuando se intenta comprender históricamente los diecisiete años de dictadura. El propio Pinochet proveyó a su administración de un componente histórico, redefiniendo el significado de la libertad y la democracia para legitimarse. Los ciudadanos, en otras palabras, no pueden soslayar que el dictador existió, que sus ministros idearon una nueva concepción de democracia —protegida, se le llamaba— y que el Golpe fue justificado con el fin de derrotar el “cáncer marxista”.
Por estrafalarios y monstruosos que sean los hechos del pasado, entonces, éstos deben ser estudiados y explicados. La historia “edulcorada” le hace un flaco favor a los lectores, pues no problematiza lo que en sí mismo es problemático. Prefiero una historiografía que entiende los aspectos contenciosos y conflictivos de la historia, a una que endulza y aspira a la idealización de un nuevo relato oficial.
Publicada en La Segunda.